El episodio difundido el viernes pasado, sobre un procedimiento cardiaco practicado al Presidente Andrés Manuel López Obrador, trajo una vez más al debate público cuál debe ser el tratamiento político que se debe dar al estado de salud, física y mental, de quien ostenta la jefatura del Estado.
Para algunos —entre los que se cuentan sus más entusiastas seguidores— se trata de un asunto de “seguridad nacional”, y, por lo tanto, se ha de manejar con discreción, incluso secrecía, para no generar inestabilidad. Para otros, el estado de salud de quien ostenta la responsabilidad política de mayor trascendencia en el país debería ser un asunto tratado de forma transparente, de cara a la sociedad. Este último me parece que es el criterio que debería guiar la conducta presidencial respecto al tema.
Desde que el país se estabilizó, en el periodo postrevolucionario, nunca un presidente mexicano ha dejado el cargo por motivos de salud (el último fue Pascual Ortiz Rubio en 1932) ni ha fallecido durante su mandato (desde Venustiano Carranza, asesinado en 1920). Algunos han entrado a quirófano a una cirugía programada (Díaz Ordaz, Zedillo, Fox, Peña). También está el percance de la caída de bicicleta de Felipe Calderón y sólo en una ocasión, que sepamos, se ocultó una enfermedad grave del presidente en funciones durante la última etapa de su sexenio (López Mateos). En ninguno de los casos anteriores se generó un inconveniente mayor.
Pero uno de los talones de Aquiles de este Gobierno ha sido, justamente, la salud del Presidente. Luis Estrada (SPIN/Taller de Comunicación Política) lleva la cuenta de los días que acumula López Obrador en el cargo, sin entregar sus análisis de salud —algo en lo que, por cierto, se asemeja a Donald Trump, quien los ocultó todo el tiempo que pudo durante su presidencia—; y es que, si bien López Obrador no llega a las provectas edades de Trump, Pepe Mujica o Joe Biden (quien, en cambio, siempre ha hecho públicos sus análisis médicos), muy lejos está, por otro lado, del talante sano y juvenil de Jacinda Ardern, Emmanuel Macron, Justin Trudeau o Gabriel Boric —por citar algunos ejemplos—, o de Salinas, Zedillo, Calderón o Peña, cuando asumieron el cargo.
Desde el episodio del infarto, ocurrido en 2013, en pleno ciclo de protestas contra la aprobación de la Reforma Energética —y de ahí su notoriedad—, el tema siempre se ha tratado con opacidad y recato excesivos; ha sido una sombra que ha perseguido su imagen pública.
Lejos de proporcionar una comunicación ordenada, los desmentidos, contradicciones y omisiones del viernes dieron lugar a todo tipo de interpretaciones. Se perdió, pues, una oportunidad para generar certeza en un asunto tan delicado. Para colmo, la respuesta fue lanzar la muy desafortunada idea del “testamento político”, cuando la Constitución establece con toda precisión el mecanismo sucesorio en ausencia del Presidente (lo propio, vamos, de una democracia). Como era de esperarse, las similitudes no tardaron en aparecer, con ejemplos de “testamentos políticos” muy poco afortunados: Chávez, Franco, Perón… Nada que agregar.
Para finalizar, por supuesto, me sumo a los buenos deseos por la salud física y mental del Presidente. A todo el país le conviene que esté en capacidades óptimas para gobernar.
