Tres temas acaparan la agenda política: la eventual sobrerrepresentación legislativa de los partidos que integran la coalición oficialista, la reforma al Poder Judicial y la desaparición de órganos constitucionales autónomos, entre otras iniciativas regresivas.
Veamos el primer tema, dada la cercanía de su definición. Hay un intento del gobierno y sus voceros de imponer una narrativa, a mi juicio incorrecta, que pretende que se asignen a la coalición de partidos oficialista diputaciones de representación proporcional que la llevarían a una sobrerrepresentación del veinte por ciento de escaños en la Cámara de Diputados, y con ello una híper mayoría artificial del 74% —habiendo obtenido el 54% de los votos— que rebasaría la mayoría calificada de dos tercios, suficiente, entre otras cosas, para reformar la Constitución por sí mismos, sin tener que convencer a ni un solo legislador de la oposición, mientras que en el Senado dicha coalición quedaría tan sólo a dos o tres votos de alcanzar la misma mayoría.
Partamos de dos hechos: 1) la perfecta equivalencia entre el voto popular y la representación legislativa es prácticamente imposible; y 2) para la integración de la Cámara de Diputados, desde la reforma de 1996, la Constitución establece dos topes: ni más de 300 diputados para una sola fuerza política, ni más de 8% de sobrerrepresentación.
¿En qué consiste la burda y abyecta maniobra que pretende lograr el oficialismo? En que, con base en los convenios de coalición —como si éstos estuvieran por encima de la Constitución—, Morena les pueda “otorgar” triunfos de mayoría a sus coaligados (Verde y PT) que no obtuvieron en las urnas, con lo que podrían tener mayor acceso a la bolsa de representación proporcional a costa de los partidos de oposición.
Ante este escenario, resulta imperante hacer las siguientes precisiones.
En primer lugar, es exclusivamente al Consejo General del INE al que corresponde realizar, con base en los resultados y las fórmulas electorales, la asignación de diputados de representación proporcional que definirá cómo quedará integrada la nueva legislatura, y al Tribunal Electoral resolver las impugnaciones que se presentaren al efecto. Por lo tanto, las ocasiones que la secretaria de Gobernación ha presentado su “proyección” de la integración de la Cámara ha sido invadiendo atribuciones del INE, en una reinstauración de los peores tiempos en los que el gobierno imponía decisiones de naturaleza electoral, traicionando la voluntad ciudadana.
Ahora bien: un 46% de la ciudadanía votó por partidos distintos del oficialismo. ¿Cuál debería ser su justa representación en el Congreso?
El análisis sobre la sobrerrepresentación legislativa no es algo que se haga hasta ahora, sólo para afectar a la coalición que en esta ocasión resultó mayoritaria. La Academia lleva décadas analizando el problema y sus efectos. Del otro lado, los propagandistas del régimen actúan por consigna: antes se decían víctimas, hoy se regocijan como verdugos.
Dado que lo que está en juego son cuestiones tan delicadas para nuestra democracia constitucional, como la contención de lo que puede llegar a ser la “tiranía de las mayorías” —empezando por la existencia de un auténtico control de constitucionalidad—, procurar la pluralidad política y evitar el atropello a la voluntad ciudadana es, sin duda, una causa política democrática justa e imperante.
