Jacqueline L'Hoist Tapia

El derecho a decidir de las personas con discapacidad

HABLANDO DE DERECHOS

Jacqueline L'Hoist Tapia*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
Jacqueline L'Hoist Tapia
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
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Entender la importancia de un lenguaje incluyente es sin duda un paso fundamental para la inclusión, sin embargo, aún hay un camino que recorrer. Recordar, por ejemplo, cómo se usaba el término de “minusválidos”, es decir, señalándoles como quienes tienen un valor menor y que, después de muchos años, logramos avanzar, pero en una negación de las discapacidades, al llamarles personas con capacidades diferentes, invisibilizando una realidad que se creía no merecía ser nombrada, o exacerbando su discapacidad al colocarles como persona de inspiración.

Hoy en día reconocemos primeramente la calidad de ser persona, sabiendo que el término nos coloca a todas y todos con dignidad, y así, ahora nos dirigimos diciendo “personas con discapacidad”, enfatizando el “con” como una condición humana , no como una deficiencia que segrega. Ahora, tenemos el reto mayor: las personas con discapacidad han sido consideradas como personas incapaces de tomar decisiones o acciones por sí solas, se les ha infantilizado y despojado de su derecho para decidir sobre cuestiones tan importantes como casarse, rentar o comprar una propiedad, e incluso se les ha quitado el poder de decidir sobre los tratamientos y la atención médica que desean recibir.

Estas violaciones a los derechos humanos trastocan también a las personas adultas mayores, estando profundamente normalizadas, al grado que gran parte de la sociedad no se cuestiona sobre el daño causado, e incluso, ven su propia conducta como loable, al “protegerles” y otros más, de abusar, pues no se cuestiona si las personas con discapacidad tienen, en efecto, la capacidad de tomar decisiones, lo que nos coloca frente a un problema grave de desinformación y de discriminación. En México, existen más de siete millones de personas con discapacidad, según el Inegi.

Una de las razones por las que existe esta discriminación, es la manera en la que está construido el mundo y la manera en que nos formamos. Desde que nacemos nos enseñan que una persona “normal” tiene dos piernas, dos brazos, camina, que cuenta con los famosos 5 sentidos que nos enseñan en primaria, el mundo está hecho de manera que se les excluye, desde el transporte y la vía pública, hasta el ámbito jurídico, que en México y muchos otros países es especialmente discriminatorio, ya que por mucho tiempo, a las personas con discapacidad se les ha negado el derecho que tienen para ejercer su capacidad jurídica, a esta figura se le conoce como “interdicción”, y pone en las manos de alguien más, decisiones que deberían ser propias. En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia en la que se declaró a la interdicción como inconstitucional. Sin embargo, a nivel local y nacional no se ha realizado ninguna reforma que proteja el derecho de las personas con discapacidad. Afortunadamente, el Congreso local de la Ciudad de México presentó una iniciativa para reformar las leyes que sostienen la interdicción, entre ellas están el Código Civil y la Ley del Notariado. De aprobarse esta iniciativa, se estaría dando un paso importante en la consecución de derechos.