En México nos destacamos por nuestras legislaciones a favor de las mujeres en diferentes campos y el político no ha sido la excepción. Han pasado 76 años desde la primera reforma que se hizo para garantizar la participación política de las mujeres en México y 68 años desde que las mujeres mexicanas votaron por primera vez a nivel federal.
Sin embargo, esto no significa que hoy en día las mujeres tengan plena participación política, tan es así que se ha tenido que legislar sobre violencia política que viven.
En México, la Violencia Política de Género (VPG) se legisló en 2020 y antes de eso ya existía un Protocolo del TEPJF para su atención, y desde 2019 se han adoptado diferentes disposiciones para prevenirla, pero bajo este contexto, la realidad está bastante contrapuesta. Por un lado, tenemos todos estos avances legislativos y disposiciones en atención a la VPG, y del otro, por ejemplo, tenemos que el proceso electoral del 2021 ha sido, de acuerdo con diferentes organizaciones, el más violento para las mujeres, con 21 candidatas asesinadas, y hasta enero de este año, hubo 260 personas inscritas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género del INE, de las cuales 215 son hombres y 45 mujeres.
Pero ¿qué es VPG? Es hacer menoscabo de la persona candidata a partir de ser mujer. Es decir, por un lado, es hacer señalamientos sobre su cuerpo, cuestionar el no cumplimiento de roles de género preestablecidos socialmente; como el de ser cuidadora, atender el hogar y a su pareja y por otro, cuestionar sus atribuciones y capacidades profesionales e intelectuales haciendo alusión a que su ser mujer no le permite entender o desarrollarse políticamente. Hay uno más, que es siempre el poner en duda el cómo logró estar en esa posición política y decir que está ahí ya sea por favores sexuales o porque uno o varios hombres lo decidieron y, por tanto, es manipulada.
Así, la normalización de la violencia política de género es un problema que puede tener graves consecuencias para la democracia, ya que la exclusión y el menoscabo de mujeres en los asuntos públicos, además de restringir derechos políticos, da cuenta de la cultura machista inmersa en el quehacer político de nuestro país. Esta normalización la podemos ver reflejada en declaraciones públicas, que por un lado dejan mal parados a dirigentes y personas servidoras públicas, y por otro, que las consecuencias de esta normalización pueden desencadenar graves acciones contra las mujeres a través de expresiones que motivan al odio y que pueden llevar a atentar contra su vida.
No es cierto que en la política todo se valga y que su naturaleza violenta debe ser aceptada como gajes del oficio, y que lo que toca es aprender a sortearla e incluso, a responder en la misma medida para ser parte del juego político. Ese pensamiento justifica sólo a actores políticos que, ante la perdida de razones de peso, violentan como única defensa al verse perdidos.
