Entendiendo que desde el Gobierno se busca ponderar como fuere la reforma al Poder Judicial, se ha perdido de vista, voluntaria o involuntariamente, que su aplicación no va a resolver todos los problemas en automático y que no se va a acabar la corrupción de un día para otro.
Con el método que están utilizando podrían agudizarse los problemas de corrupción en la instrumentación cotidiana de la justicia. Es obvio que traten a toda costa de defender su proyecto; sin embargo, el problema radica en que al ser una reforma con tintes unilaterales pierde la posibilidad de enriquecerse con las opiniones de destacados especialistas que, a lo largo del desarrollo del Poder Judicial en México se tiene que reconocer que lo han fortalecido.
La defensa de la reforma los ha llevado a pasar por alto elementos de orden legal fundamentales para la aprobación y el desarrollo futuro de la propia reforma. Las cosas han llegado a niveles en que han pasado por alto decisiones de jueces locales y federales que bien pudieron ser respondidas en el marco legal que tenemos y no a través del desacato y de respuestas tremendistas con base en que las cosas se están haciendo de esta manera, porque es un “mandato del pueblo”.
Esta expresión se ha convertido en una constante, porque se asume que las y los legisladores de la mayoría son la personificación única que tiene la sociedad identificada como “pueblo”. No está a discusión el desarrollar una reforma al Poder Judicial, el problema está, como se ha venido argumentando sistemáticamente, en la forma que se está haciendo.
Que se estén pasando por alto decisiones de jueces locales y federales puede llevar a un inquietante efecto expansivo. Se coloca al Estado de derecho en función de las decisiones de la clase gobernante y no a través del planteamiento de las leyes que tenemos para responder a las impugnaciones. El efecto expansivo puede pasar, con cierta razón, a los ciudadanos que bien podrían asumir que son en muchos casos la personificación del pueblo y bien podrían aislarse de las leyes en el renglón de obligaciones y derechos.
A lo largo de este tiempo la narrativa les dio resultado, pero a la vez también creó en el imaginario colectivo una idea que no necesariamente en su planteamiento original es correcta. Asegurar que todo el Poder Judicial es corrupto ha buscado y logrado el desprestigio de las y los trabajadores de la justicia.
Si esto fuera cierto, se tendrían que abrir expedientes contra quienes se hace referencia y revisar cómo se presentan los casos por parte de las fiscalías. Muchos problemas en estos años tienen que ver con el aparato propagandístico para informar sobre los personajes detenidos. En ocasiones se hace sin bases suficientes para que las y los jueces los mantengan detenidos, sin pasar por alto que hay casos en que prevalece el influyentismo, la corrupción y el temor de los impartidores de justicia; plata o plomo.
Un aspecto del que no se habla sobre la reforma es la importancia de que vaya aparejada con que haya seguridad en el país. No habrá reforma que valga si no contempla condiciones de vida diferentes en esta materia. Es fundamental que quienes conforman el Poder Judicial puedan desarrollar su trabajo en ambientes favorables en libertad, reconociendo la complejidad que tienen en sí mismo los temas de justicia.
La paradoja es que para reformar el Poder Judicial se pasan por alto las leyes para impulsar un proyecto que tiene que ver con las leyes; no tiene sentido cambiar las cosas por cambiarlas y más con el desaseo y prisa con que lo están haciendo.
RESQUICIOS.
Gustavo Gutiérrez fue fundador de la Teología de la Liberación, murió a los 96 años. Tuvimos oportunidad de conversar en diversas ocasiones con el prelado peruano quien fue personaje clave para entender la búsqueda de un sentido profundo del catolicismo. Dos ideas lo definen: la mayor violencia es la pobreza y la Iglesia debe ser fundamentalmente de los pobres.
