Parece importar cada vez menos el Estado de derecho y las reglas que nos rigen. Bajo que existe una mayoría con un mandato del pueblo, queda la impresión que lo que pudiera limitar cualquier decisión desde el aspecto legal es desechado pasando a segundo plano.
A menudo se toma como punto de partida la frase del Presidente que quizá defina su perspectiva sobre el marco legal: “No me vengan con que la ley es la ley”.
La Constitución ha venido convirtiéndose en un conjunto de normas que se acomodan según los intereses de los gobernantes en turno. Se le concede importancia y estricta aplicación en la medida en que es benéfica para quien la aplica.
El asunto no es propio de esta administración. Cuando no pueden desarrollarse los debates que sirven como pretexto para justificar la aprobación de los cambios constitucionales en las sedes de diputados y senadores, se llevan a cabo los plenos en sedes alternas, las mismas que el Presidente ha criticado severamente en otro tiempo, en otro momento y con otro talante. La sistemática referencia del “nosotros no somos como los de antes” se ha venido abajo en los hechos.
En el controvertido proceso del llamado cambio de régimen, la legalidad camina en terrenos de la conveniencia. La justicia tiende a aplicarse de manera aleatoria y se le responsabiliza de lo que el propio gobierno hace y deja de hacer.
Existe una crítica justificada al Poder Judicial por las muchas decisiones sesgadas que toma de la mano de la discrecionalidad y la corrupción. Sin embargo, en la propuesta de reforma de los debates no se ha presentado un diagnóstico preciso sobre el estado real de las cosas.
No se ha dado tiempo para un análisis concreto y a profundidad del Poder Judicial como punto de partida para su necesaria reforma. Las y los trabajadores del Poder Judicial se la pasan sistemáticamente contra la pared por la falta de condiciones favorables para hacer su trabajo.
El Presidente ha llenado de adjetivos a los encargados de impartir justicia. Se refiere a ellos a través de lugares comunes y particularmente cuando algún asunto le es desfavorable, se dedica a desacreditarlos sin razonamiento y con palabras que muestran su encono más que el análisis de las cosas.
No es casual que no se haya emitido ni por el Presidente ni por su mayoría un reconocimiento a la labor de los más de 50 mil trabajadores en todo el país del Poder Judicial. No se ha tenido la generosidad de destacar y hacer ver su vocación de servicio y respeto a la justicia.
La reforma al Poder Judicial es el clímax de la crítica presidencial, es la suma de seis años de una narrativa ruda y dolosa. En las participaciones de un buen número de las y los legisladores de la mayoría es evidente cómo se mimetizaron con el discurso presidencial.
También queda en evidencia la confusión de las cosas. Hay quien se refiere a las fiscalías siendo que éstas no han sido tocadas, a pesar de ser parte importante de la estructura en la impartición de justicia.
Por la historia del Legislativo es muy probable que buena parte de las y los diputados no hayan leído y no conozcan lo que es y significa la reforma. En lugar de encontrar coincidencias con las críticas, se sigue un guion que pudo haber sido dictado en Palacio Nacional.
Lo que viene nos lleva por la confusión, por más preocupaciones externas y por las ocurrencias que no la certidumbre, fundamental en la impartición de justicia.
A las y los trabajadores del Poder Judicial no los escucharon, ni las manos pudieron meter.
RESQUICIOS.
Hay muchas cosas todavía por ver ante la aprobación de la reforma. No se sabe qué va a pasar con los trabajadores y estudiantes que están protestando en las calles, diálogo no hay ni habrá; algunas instituciones de educación superior públicas parecen asustadas tratando de minimizar las manifestaciones de sus estudiantes. Podrían aparecer las maquinarias de la provocación y seducción para regresarlos a las aulas y sus trabajos.
