Aparejado al gran problema que tenemos en materia de seguridad está otro de gran envergadura el cual se cruza en el mismo camino: la pérdida paulatina de territorio a manos de la delincuencia organizada.
Hemos visto y vivido cómo este fenómeno se padece no solamente en una gran cantidad de municipios, sino también en las carreteras en medio de la ley de la selva junto con extorsiones a comercios, restaurantes e incluso a familias en diversas ciudades.
Lo que ha estado pasando en Chiapas es una manifestación de ello que ha llevado a que muchos ciudadanos hayan optado por huir a Guatemala, bajo la gran paradoja de que en otros tiempos los guatemaltecos eran quienes huían para entrar a México.
La pérdida de territorio a manos de la delincuencia organizada rompe y divide a las familias y rebasa por mucho la gobernabilidad establecida. Se rompen todos los parámetros porque todos los elementos de la gobernabilidad y la convivencia entran en un túnel que por ahora no tiene salida.
El asunto es de enorme gravedad, porque en diversos municipios se ha ido cayendo en el absurdo terreno de la “normalización” de formas de vida que se van asumiendo como parte de la cotidianidad y como parte de una nueva estructura social, ante la cual no queda de otra que irse adaptando para sobrevivir.
Lo peor que nos ha pasado bajo estos escenarios es que vamos normalizando las cosas y desde los gobiernos estatales y federales no se han tomado decisiones que pudieran al menos atemperar las enormes dificultades que significa para muchas familias simplemente salir a la calle, ir de compras, ir a trabajar o ir a la escuela.
Llevamos muchos años en que varias ciudades del país viven bajo condiciones de adversidad, pueden pasar días sin que pase nada, pero se sabe que la violencia está a flor de piel y que en cualquier momento puede pasar algo que de nuevo rompa los precarios equilibrios.
Las cerca de 200 mil personas muertas en el pasado sexenio por hechos violentos muestra la cara del estado de las cosas. Sumemos los brutales números de personas desplazadas y desaparecidas; llevamos muchos años atrapados sin salida.
El cada vez más impresentable gobernador de Sinaloa le ha pedido a los habitantes de la capital del estado que se apoderen de las calles, de los estadios y de los comercios y que no permitan que la delincuencia organizada se los impida. Es una petición fuera de lugar, porque mientras no haya condiciones favorables para todas y todos los culichis este tipo de actividades por más que haya arengas oficiales que lo pidan los ciudadanos saben muy bien hasta dónde pueden y deben llegar.
La inseguridad y el temor es lo peor que pueden padecer los ciudadanos. A partir de ello aparece la desconfianza y quienes pueden dejar sus lugares de origen lo hacen. En los últimos años una de las razones centrales de la migración mexicana, la cual ha repuntado, está en que muchas familias están yéndose a la frontera norte o a otras ciudades con tal de evitar la pesadilla cotidiana.
La pérdida del territorio es la pérdida del origen. Es tener temor donde uno vive y es saber que no hay autoridad alguna que permita recobrar el territorio y por ende la confianza.
Recuperar el territorio significa no solamente avanzar en la lucha contra la delincuencia organizada, sino también lograr que las y los ciudadanos encuentren en las autoridades la certeza de que están de su parte y que no se suman, como es sabido que sucede, a la complicidad de convivir con la delincuencia organizada.
Recuperar territorios es recobrar ciudadanía, confianza, convivencia, gobernabilidad, libertad, es recobrarnos y recobrar al país; es una tarea prioritaria para la Presidenta.
RESQUICIOS.
En medio de innumerables confrontaciones, gritos y sombrerazos, filias y fobias, ausencia de diálogo, el encuentro de ayer entre la presidenta de la Corte y el beligerante presidente del Senado esperemos que abra una larga pausa, de las buenas.
