El viernes pasado conversamos con Clemente Rodríguez, padre de Cristian Alfonso, uno de los normalistas desaparecidos hace 6 años en Iguala.
La familia se enteró casi de inmediato de lo que estaba pasando, a primera hora del día siguiente Clemente se fue a Iguala. No encontró quién le informara “todo era confusión, creo que escondían lo que estaba pasando”.
Desde aquel día la familia ha dedicado buena parte de su vida a tratar de encontrar “a nuestro hijo”.
La familia se compone de su esposa, tres hijas y Cristian, quien es un punto de encuentro. Es probable que haya visto un video en el que Cristian sale bailando, “les enseñaba a bailar a sus hermanas”.
Después de 6 años, hay en Clemente un inevitable agotamiento, pero no por ello pierde la esperanza. Tiene la convicción de que la investigación original está cargada de irregularidades y con dificultades le ha ido creyendo al actual Gobierno.
Da la impresión de que existe una tendencia entre los padres y madres de familia de los normalistas desaparecidos a creer en lo que se está haciendo, porque “muchas de nuestras demandas de investigación y detenciones han sido escuchadas y tomadas en cuenta”. Sin embargo, por lo que se vio el sábado la incredulidad y las dudas de los padres de familia no paran, el tiempo de gracia se le puede estar terminando al Gobierno.
El gran problema que sigue enfrentando el caso es que no han surgido nuevas hipótesis que pudieran cambiar el trabajo original, sin dejar de reconocer que estuvo lleno de irregularidades, de desaseo legal y, sobre todo, de actos de tortura que sirvieron para ir construyendo lo que han llamado la “verdad histórica”.
Lo que es un hecho es que los padres de familia esperaban más de la reunión del sábado con el Presidente. No han surgido hasta ahora hipótesis que pudieran abrir una nueva investigación diferente de la original.
Han aparecido elementos, como el papel que jugaron algunos militares —tema que ha sido una constante—, los dineros que se habría llevado Tomás Zerón y las nuevas órdenes de aprehensión. Sin embargo, con todo y los problemas y señalamientos que merece la investigación original, buena parte de ella sigue conservando vigencia.
El gran problema para desentrañar lo sucedido sigue estando en lo que se hizo y no se hizo desde el primer día. La gran responsabilidad la tiene el Gobierno de Peña Nieto al no haber abordado desde el inicio una investigación que permitiera distinguir los terrenos sobre lo que había sucedido.
A los dos días de la desaparición de los estudiantes estuvimos en Iguala. Muy pocas personas querían hablar de lo sucedido, de lo que no había duda era que los normalistas habían estado en el peor lugar en el peor momento y si algo quedaba claro era que muy probablemente habían sido llevados por personajes que pudieran estar ligados directamente al narcotráfico quienes, incluso, podrían estar infiltrados en la escuela; recordemos que poco se llegó a saber de quién era el director de la normal en aquellos años.
Existen pasajes de lo que pasó que siguen siendo un enigma, debido a que entre que no se investigaron y entre que por alguna razón fueron pasados por alto.
Se sigue viendo a contracorriente conocer a detalle lo sucedido. Clemente Rodríguez lo sabe, pero tiene la esperanza de conocer, está en su absoluto derecho, qué pasó con su hijo y sus compañeros la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Lo que el Gobierno no puede ni debe hacer es construir versiones que traten de atemperar los ánimos, señalando una vez más al pasado para explicarse el presente.
No se lo merecen los padres de familia, la Normal Isidro Burgos, el país y, sobre todo, los 43.
RESQUICIOS.
Existe un espíritu contestatario cargado de rabia, dolor, hartazgo y rebeldía detrás de las manifestaciones de las mujeres. No se ve que vayan a cambiar, porque requieren de tiempo y porque no aprecian que desde la cúpula del Gobierno estén cambiando las cosas.
