Hoy más que nunca urge un Registro Nacional de Agresores Sexuales con el fin de romper el silencio y de acabar con la impunidad de la que gozan los victimarios.
Johana, junto a sus hermanos, había sufrido los más atroces actos de violencia sexual durante su niñez. Fueron años de denuncias y peritajes, aun así, las autoridades determinaron otorgar la patria potestad a su agresor sexual. Hecho que la llevó a quitarse la vida, junto con sus tres hermanos, para evitar que los siguiera violentando.
El abuelo sigue dando clases a niños de secundaria sin que nada ni nadie se lo impida y, peor aún, sin consecuencia alguna de sus actos.
La encuesta de cohesión social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia del Inegi señala que mil 764 niñas, niños y adolescentes por cada 100 mil han padecido violación sexual; mientras que los tocamientos ofensivos llegan a 5 mil 089 casos.
Desde la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República se realizó un foro el pasado 12 de agosto, para visualizar los retos legislativos en materia de violencia sexual infantil, y en el que especialistas como víctimas directas e indirectas, abordaron la dolorosa realidad a la que se enfrenta nuestra niñez y adolescencia, y que demanda una intervención desde el ámbito público y social.
Una de las propuestas que se plantearon fue la creación de un registro nacional de pederastas, a partir del cual se tomen medidas preventivas tanto en casa, como en espacios de convivencia.
Es necesario reconocer que las acciones de prevención y combate sobre violencia sexual infantil son muy limitadas, pues al tratarse de delitos considerados “silenciosos”, por ser perpetrados en la mayoría de los casos por personas cercanas y de confianza a las víctimas, se mantienen en secreto y sin denuncia; imperando la impunidad y la falta de atención adecuada para los agredidos.
El pasado 3 de diciembre presenté en el Senado la iniciativa que busca crear el Registro Nacional de Agresores Sexuales contra menores, con el propósito de que se tenga información sobre aquellos que han sido sentenciados en la materia.
Este registro deberá estar disponible en los portales electrónicos de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de los tres niveles de gobierno, para disminuir los riesgos para víctimas potenciales.
Este tipo de registros ya han sido adoptados en Estados Unidos y en España, que en su caso registró hasta 2018 más de 45 mil personas, además de prohibir el acceso al trabajo relacionado con menores a imputados, particularmente, a quienes fueron sentenciados por agresión sexual infantil.
De acuerdo con especialistas, un agresor sexual en promedio cometerá este crimen al menos 60 veces a lo largo de su vida, de ahí la urgencia de velar por los casi 5 millones de niñas y niños víctimas de este crimen, ya que sólo se denuncia 1 de cada 10 delitos, y sólo se imparte justicia en menos de 2%, según ADIVAC.
Sin miedo a que en México tengamos un Registro Nacional de Agresores Sexuales.
