Solemos concentrarnos en los disparates que se han dado alrededor de la indagatoria del caso Ayotzinapa, pero no nos detenemos en la valentía y eficacia de quienes sí hicieron su trabajo desde las primeras horas de aquella noche de hace una década, en Iguala.
Uno de ellos es Iñaki Blanco, quien, como fiscal del Estado de Guerrero, supo e informó sobre lo que acontecía y alertó que se estaba ante un hecho delictivo que implicaba la desaparición forzada.
Esto significó que se pusiera atención en un asunto que se quería tratar como un problema que sólo atañería a los poderes locales y en particular al gobierno estatal.
En realidad, se desarrolló un ataque criminal en contra de los estudiantes normalistas, orquestado por el alcalde José Luis Abarca en complicidad con los Guerreros Unidos, una banda delincuencial que tenía el control territorial en el lugar, aunque lo disputaba con Los Rojos.
Esto es relevante porque, desde meses antes, el fiscal Blanco advirtió de la peligrosidad de Abarca, solicitó ayuda al Gobierno federal para que se procediera a su captura.
Abarca ya estaba bajo investigación por el secuestro y homicidio de Arturo Hernández Cardona, un líder de la izquierda social.
También se identificó a Los Bélicos, un grupo de choque al servicio del alcalde.
Visto en perspectiva, Iguala era una bomba de tiempo que podía estallar en cualquier momento y es lo que ocurrió.
Fue la Fiscalía guerrerense la que integró la averiguación respectiva, luego de lo acontecido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, y consiguió que se revocara el mandato del alcalde ante el Congreso, y se obtuvo la orden de captura por omisiones en el contexto de homicidios y desapariciones.
También se logró establecer la participación de los Guerreros Unidos en los hechos y se ejercitó acción penal contra 22 elementos de la Policía Municipal de Iguala.
Sobre todo, se rescató y resguardó a 68 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Pero Blanco también denunció, con valentía, lo que estaba ocurriendo en la Fiscalía que litigaba el caso Ayotzinapa a partir de 2018, donde se permitió que varios de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas salieran de prisión.
Con el ánimo de encarcelar a los que investigaron, en lugar de castigar a los que delinquieron, se desarrolló toda una narrativa que estalló en pedazos cuando empezaron a evidenciarse los errores y la mala fe del entonces fiscal Omar Gómez Trejo.
Lo más delicado consistió en hacer a Gildardo López El Gil testigo colaborador, cuando en realidad era un participante del crimen, como se aprendía de los chats de Chicago y los cateos donde se encontraron 50 mil cartuchos útiles. La propia CNDH advirtió de semejante despropósito. El Gil está de nuevo tras las rejas, pero se enredó la indagatoria.
Y sí, Iñaki Blanco siempre lo advirtió.
