Tenían una encomienda difícil, de proporciones mayores, pero Abel Barrera, David Fernández y Carlos A. Pérez Ricart cumplieron y, con creces, al elaborar el Informe Final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, “Fue el Estado”, en el que se analizan las violaciones a los derechos humanos en el periodo de 1965 a 1990.
Las conclusiones del trabajo son valientes, porque no se detienen ante la coyuntura y hacen un llamado a revisar la política de seguridad, para seguir tratando de construir una policía de carácter civil que abandone el enfoque militarizado.
Tiene mérito, además, porque lo que recomiendan proviene, precisamente, del conocimiento puntual del pasado y porque muestran un compromiso indeclinable por las víctimas.
Este aspecto es más que claro y funciona como una guía para navegar en la extensión de los seis volúmenes que pueden ser consultados en www.meh.org.mx.
Las investigaciones fueron largas, acuciosas; comprendieron la búsqueda en archivos y las entrevistas con testigos y víctimas de un periodo que en el que “el Estado autocrático se erigió en un Estado violento, que implementó una política contrainsurgente que socavó el Estado de derecho y que desencadenó violaciones graves a los derechos humanos”.
La tarea no estuvo exenta de dificultades, porque existió reticencia de algunas autoridades e inclusive la destrucción de documentos, más allá de la instrucción del Presidente López Obrador para no impedir el trabajo de los comisionados, que cuentan con independencia, pero que tienen adscripción a la Secretaría de Gobernación.
Hicieron hallazgos inquietantes, como el que respecta a la propia violencia, la que se desató contra las guerrillas, en los años sesenta y setenta, pero que se expandió en contra de militantes, estudiantes y obreros, bajo la doctrina de la Seguridad Nacional y la figura del enemigo interno.
Son al menos 14 conjuntos de víctimas, en temas tan diversos como son los defensores de la tierra, las organizaciones urbano-populares, las minorías sexuales, las congregaciones religiosas o los periodistas.
Por ello, el mecanismo represivo podría visualizarse, o entenderse, como una maquinaria en funcionamiento constante y perfeccionándose.
Esta construcción, que cristalizó en los planes Telaraña y Rastreo, implementados por las fuerzas de seguridad contra la guerrilla, derivó en la formación de cuadros militares y policiacos, que con el tiempo terminaron engrosando las filas del crimen organizado y repitiendo las conductas aprendidas para la guerra sucia.
Sobresalen personajes como Humberto Rodríguez Bañuelos La Rana, que inició como policía en Sinaloa, mató a periodistas de El Debate y El Gráfico, en Mazatán y Los Mochis, y con los años sería implicado en el homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y en los intentos de quitarle la vida a Joaquín El Chapo Guzmán.
Un ejemplo de cómo la propia impunidad genera problemas cada vez mayores.
El Informe es un retrato estrujante de fuerzas de seguridad con patente de corso, involucradas en las peores fechorías y con credenciales oficiales para hacerlo.
