Según un reporte de julio de 2023 de la organización Greenpeace México, el Gobierno federal y especialmente Pemex, minimizaron un derrame de hidrocarburos de grandes proporciones, que ocurrió en aquel mes, y afectó severamente los ecosistemas marinos y a las comunidades que viven a lo largo de la costa del golfo de México.
No existe claridad, explica, sobre cómo se gestó ni qué impactos provocó en el corto plazo o qué repercusiones veremos en el tiempo. Sí se sabe, en cambio, que hubo una demora de más de dos semanas para cerrar los pozos que estuvieron involucrados en el desastre, pero no hay información sobre la causa de ese atraso.
El documento recuerda que Pemex se refirió a la mancha detectada en el mar como “iridiscencia”, como si se hubiera tratado sólo de un reflejo o fenómeno óptico; sin embargo, la iridiscencia es evidencia de la contaminación por hidrocarburos.
Viene a la memoria aquel hecho cuando se escuchan algunas declaraciones de la Secretaría de Medio Ambiente sobre supuestos hechos de contaminación atribuidos a empresas privadas. Desarrolladores inmobiliarios, mineras, constructoras y hasta transportistas han sido señalados por la Semarnat de cometer acciones contra la debida protección del medio ambiente.
Sin embargo, de las responsabilidades ambientales del propio gobierno, sólo se conocen manifestaciones de impacto y permisos agilizados, trámites simplificados y explicaciones condescendientes con el discurso oficial.
La construcción de la refinería de Dos Bocas, por ejemplo, se hizo en un sitio inadecuado, sujeto a inundaciones y cubierto de manglares, lo que contraviene la ley ambiental. Se destruyeron 300 hectáreas de ese terreno y no se conocen acciones de inspección por parte de la autoridad responsable.
Recientemente el Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco, pidió al Gobierno federal investigar el cambio de color de las aguas del río seco, que rodea a la refinería, así como la muerte masiva de peces que se atribuye a descargas ilegales de la propia refinería. Lo único que obtuvo fue silencio de la Semarnat.
Así, el balance de la administración en materia de medioambiente deja amplias áreas de oportunidad para el nuevo Gobierno, del que se espera que el prejuicio, la propaganda y la obediencia a ciegas cesen para dar paso a la información técnica, a la evidencia científica y a la verdadera defensa ambiental como eje fundamental del desarrollo económico y social.
Dictadura Partidaria. La reelección de Alejandro Alito Moreno como presidente del PRI, junto con Carolina Viggiano como secretaria general, refleja la crisis interna y el deterioro democrático dentro del partido. El proceso, que ha durado 36 días, ha estado marcado por acusaciones de simulación y falta de transparencia, lo que ha generado un profundo descontento entre las bases y figuras críticas del PRI. El hecho de que Moreno haya obtenido el 97% de los votos en el Consejo Político Nacional, frente a la mínima oposición de Lorena Piñón y Cuauhtémoc Betanzos, sugiere un proceso controlado y poco competitivo.
Esto puede interpretarse como una consolidación del poder de Moreno, quien ha sido criticado por su manejo autoritario y por priorizar sus intereses personales sobre los del partido. Además, la escasa participación en la contienda por parte de otros líderes priistas resalta la desmotivación y el desencanto dentro del partido, que parece estar atrapado en un ciclo de auto-preservación en lugar de renovación.
Esta reelección podría alejar aún más al PRI de su base social y de la ciudadanía en general, en un momento en que la confianza en los partidos tradicionales está en su punto más bajo. La falta de un proceso interno verdaderamente democrático debilita la legitimidad de Moreno y de su dirigencia, poniendo en riesgo el futuro del PRI como una fuerza política relevante en México. En lugar de enfrentar los desafíos que atraviesa el partido, esta reelección podría haber profundizado las divisiones internas y erosionado aún más la credibilidad del PRI. Lo que tanto ese partido criticó con Alito como su presidente, ahora lo consolida, un cacique dictador por 4 años más.
Chatarra Camionera. La semana pasada la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), de Rogelio Arzate, dio a conocer que en julio se produjeron 21,517 unidades, de las cuales se exportaron al extranjero 16,266. Sin embargo, aunque estos resultados, que representan alzas de 20.9% en la manufactura y 16.1% en exportación, nos confirman el ritmo positivo que mantiene el sector, no podemos ignorar los desafíos que aún persisten ya que existe la urgencia de actualizar el Acuerdo Ambiental que regula la importación masiva de vehículos pesados usados desde Estados Unidos, una práctica que, como lo ha señalado la ANPACT, trae consigo más problemas que beneficios, al no cumplir con los estándares ambientales ni de seguridad en su país de origen. Así que, de querer mantener el crecimiento constante del sector, habrá que poner especial atención en esta práctica.
Voz en off. No hay que perder de vista el tema del cobro de IVA a aseguradoras, porque aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado abierta la posibilidad de llegar a un acuerdo en la controversia legal que involucra el cobro del IVA a las aseguradoras, una situación que podría implicar el pago de 175 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), el tema podría extenderse más si éstas compañías no aceptan dicho acuerdo. Si bien no se puede conocer el nombre de éstas por estar inmersas en un tema fiscal, sí están agrupadas en la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), gremio que no deja de decir que no es correcto lo que ahora se les exige. Penoso papel de la Amis, pero en este conflicto, que se remonta a administraciones anteriores, gira en torno a la interpretación de normativas fiscales relacionadas con el IVA. Hoy el caso está en manos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), y su resolución será clave no sólo para las aseguradoras involucradas, sino también para el marco regulatorio fiscal en México...
