El Monte de Piedad busca excluir a mexicanos

El 25 de febrero de 1775 fue fundado el Nacional Monte de Piedad por el español Pedro Romero de Terreros, con el objetivo de ayudar a mexicanos vulnerables a través del préstamo prendario e inversión social. Hoy en día, apoya a más de 6 millones de familias mexicanas a través de 611 instituciones de asistencia privada y financia a 1.2 millones de mexicanos que hacen uso de sus servicios, que son personas que no serían sujetas a crédito por la banca tradicional. Y lo más importante, es que lo hace sin fines de lucro porque es una Institución de Asistencia Privada (IAP) que tiene un patronato y dirección general, que a lo único que se deben enfocar es a la administración de esta institución, que les pertenece a todos los mexicanos. Con los remanentes operativos del préstamo prendario, se realizan inversiones sociales las cuales se destinan a proyectos de salud, educación, vivienda, igualdad de género, seguridad alimentaria, desarrollo comunitario y económico, entre otros.

Pero todo cambió. En 2017, el Nacional Monte de Piedad adquirió una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) llamada La Paz, misma que para finales de ese año adquirió el nombre de la institución. ¿Por qué todo cambió? Las Sofipos son sociedades con fines de lucro que tienen por objeto promover la captación de recursos, así como colocarlos mediante préstamos o créditos al público en general, éstas son reguladas por el Padrón de Entidades Supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y en el Sistema de Registro de Prestadores Financieros (Sipres), de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). En resumen, durante siglos el Nacional Monte de Piedad fue una IAP que buscaba apoyar a mexicanos sin fines de lucro, pero su actual administración con la compra de La Paz tiene que lucrar u obtener ganancias, como lo quiera interpretar.

Hoy en día, su Sofipo se llama Financiera Monte de Piedad que otorga préstamos personales de hasta 50 mil pesos con una tasa de interés del 30% al 80%, fija anual y sin IVA, pero todo va a depender de tener un buen historial crediticio, con ingresos comprobables fijos. La gran mayoría de las personas que recurren a esta IAP lo hacen porque son mexicanos que viven en la exclusión financiera; esto es, que no tienen historial crediticio porque se dedican a actividades honestas sin protección social, ya que pueden ser mujeres que se dedican a la limpieza del hogar, albañiles, carpinteros, obreros, personas que en muchas ocasiones no tienen cuentas bancarias, y cuando tienen un momento de apremio van a empeñar sus pertenencias preciadas. Sin embargo, este sector desprotegido, no es susceptible de los préstamos personales de la financiera, debido a que ésta tiene el objetivo de lucrar. Pero, sí son susceptibles de un préstamo prendario porque dejan una garantía. Es por ello que el sindicato también ha peleado y se ha pronunciado en contra de la financiera, porque se pierde la esencia del Nacional Monte de Piedad que no busca lucrar.

¿Usted se imagina abrir una financiera con activos por 32 mil 350 millones de pesos?, al final sería un negocio perfecto. Por ello, aunque el Nacional Monte de Piedad es una institución sólida y rentable, buscan desaparecer la IAP a cualquier precio para iniciar operaciones enfocadas únicamente con una financiera que pueda lucrar y obtener el mayor número de ganancias con los activos que ya se tienen, y que se han obtenido en siglos de trabajo. ¿Ya le suena porque tanto deseo de desaparecer a su sindicato? El Presidente Andrés Manuel López Obrador no debería permitir que en su sexenio ocurra la desaparición del Nacional Monte de Piedad por intereses personales, y Luisa María Alcalde, de la STPS, debería estar pendiente para que no se violen los derechos de los trabajadores sindicalizados, incluido también Mario Delgado, de Morena. Aunque incluida la oposición debería estar al pendiente de este caso, como el PAN, de Marko Cortés; el PRI, a cargo de Alejandro Moreno; y el PRD, de Jesús Zambrano; nadie puede permitir que desaparezca la IAP más emblemática que tiene el país.

Inminentes sanciones. Las marcas, propietarios de inmuebles y empresas que todavía mantengan medios publicitarios en las azoteas de la Ciudad de México, se verán en aprietos a partir de la próxima semana, y es que este 6 de junio termina el plazo para que sean retirados, tal como mandata la nueva Ley de Publicidad Exterior. Rebasar esta fecha saldrá más que caro para quienes incumplan, las penalizaciones no sólo son hasta por 1.5 millones de pesos, pues aquellos que estén en falta podrán recibir hasta seis años de prisión. Datos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), que lleva Carlos Ulloa, exponen que a este día hay 770 medios retirados de los 1,200. Por ahora el ahorro al erario ronda los 115 millones de pesos, mientras en la dependencia persisten los esfuerzos por llegar a la meta, después de todo, no sólo se trata de recuperar el espacio público, sino de garantizar la seguridad.

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