Para concluir a tambor batiente, otro enfrentamiento se viene entre México y Estados Unidos que enrarecerá aún más la relación con el vecino del norte, afectada ya por la detención de El Mayo Zambada y los malos augurios para la democracia, derivados de la reforma al Poder Judicial en México. Se trata del pleito con la empresa Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V., subsidiaria de Vulcan Materials Company. Desde hace varios años el Presidente López Obrador detonó un conflicto en contra de esa empresa ubicada en QRoo que se dedica a extraer piedra caliza y exportarla a Estados Unidos, tras denunciarla por supuestamente causar un ecocidio en la zona.
Los culpó en reiteradas ocasiones, aunque nunca presentó evidencias, de ser impulsores de las protestas de grupos ambientalistas en contra de la construcción del Tren Maya.
La empresa resistió en estos años las presiones gubernamentales para que vendiera las más de 2 mil 400 hectáreas que tiene en Playa del Carmen, en gran parte porque no hay acuerdo en el avalúo. Actores cercanos a Vulcan han dicho que paralelamente, además de la lluvia de adjetivos lanzados desde las mañaneras, la empresa ha sido motivo de amenazas, presiones y abusos de autoridad desde la Semarnat, a cargo de María Luisa Albores, a quien se dice que se le va a recordar más como activista con oficina que como funcionaria eficaz para proteger el medioambiente.
La cuestión es que, ante el estancamiento en las negociaciones con la empresa, el Gobierno tuvo una mejor idea para sancionarla, declarar esa zona como Área Natural Protegida. Para ello, la secretaria Albores será la proveedora de los insumos para ejecutar la venganza, la cual, según Vulcan, sería abiertamente violatoria del T-MEC. Una joya más en el legado de la Semarnat del sexenio que está por finalizar.
Altor, Puga y Zucarmex. Acreedores del Ingenio Puga afirman que el Concurso Mercantil de esta empresa quebrada desde hace dos años, está lejos de concluir una vez que no han aceptado por “desventajosas” las condiciones de pago que ha ofrecido el despacho “rescatista” Altor, que es propiedad de Fernando Aportela, el exsubsecretario de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Aseguran que el proceso jurídico ha estado plagado de violaciones a la legislación y que en realidad el corporativo Zucarmex utiliza a Altor para controlar a Puga y así evitar acusaciones de prácticas monopólicas. Para colmo, el proceso de pagos de sueldos y prestaciones caídos a los más de 790 trabajadores del ingenio que se declararon en huelga, se ha transformado en un galimatías en el que se hicieron promesas de sumas generosas y que en la realidad ha sido un fiasco, generando acusaciones de corrupción entre los líderes sindicales y Altor.
Limpieza en Pausa. El adeudo de pagos que enfrentan empleados de limpieza encargados de las oficinas de Prevención y Readaptación Social, pone en entredicho la capacidad de este Órgano Administrativo Desconcentrado para gestionar los servicios básicos en sus instalaciones. Desde marzo pasado, la empresa Ocram Seyer espera el pago acordado por sus servicios: 1.2 millones de pesos mensuales. Los adeudos no solo afectan a la proveedora, sino a los trabajadores que han emprendido un paro de labores en solidaridad con su empleador, al que describen como puntual en el cumplimiento de sus obligaciones salariales. Mientras la situación permanece sin resolver, la atención se dirige hacia Arturo García Zambrano y Carmen Hernández Pastor, funcionarios que gestionan el contrato.
Voz en off. Familiasde diversas colonias del municipio de Chalco enfrentan una crisis tras perder sus hogares debido a una inundación que ha dejado la región sumergida en aguas negras. Enfrentando condiciones insalubres, estas familias se han visto obligadas a vivir en medio de aguas residuales, lo que ha generado un peligro creciente para la salud pública. Desesperados, han lanzado una petición en Change.org, haciendo un llamado urgente para que se tomen medidas inmediatas y significativas. El problema de las inundaciones en Chalco no es nuevo. Durante años, la región ha sido víctima de recurrentes inundaciones. La situación actual es especialmente grave, con cientos de hogares afectados, pérdidas materiales significativas y una amenaza constante a la salud y el bienestar de las personas expuestas a las aguas residuales. Las familias exigen que no solo responda a la emergencia actual, sino que se implementen soluciones duraderas.
