La historia de nuestro país conformó una sociedad de privilegios; es decir, el ejercicio efectivo de los derechos políticos ha dependido de la gran propiedad directa o indirecta y de los vasos capilares de sus relaciones, no de un estatuto constitucional de igualdad jurídica.
Ayer, el latifundista controlaba la república; hoy, el accionista del consejo de administración de un consorcio de comunicaciones. Siempre, los lugartenientes del poder privilegiado diseminados en áreas operativas como el control del sistema de justicia. La estructura social de un orden de privilegios es inequitativa y concentradora de poder, corruptora de la democracia.
La 4T es la fase gubernamental de un movimiento popular asociado indefectiblemente a la trayectoria política e intelectual de AMLO, articulador de un movimiento social (no un partido político). El designio de este movimiento/gobierno es el desquiciamiento del equilibrio de una estructura social de privilegios, profundizada luego de varios decenios, en la historia contemporánea de México y, consecuentemente, el diseño de un equilibrio diferente.
Los mecanismos de un ejercicio político como el encabezado por AMLO no deberían llamar a sorpresa a nadie, salvo a los ingenuos y los mendaces: la agitación constante de la opinión pública en busca de su controlada polarización; la identificación de la agenda de nuevos equilibrios con la persona del mandatario; la clave popular tanto de la agitación como de la identificación… La estructura de una sociedad privilegiada no se transforma solamente con los votos electorales, sino con la intervención constante de un poder público vigoroso en el debate político.
El episodio en curso, relativo a la extinción de fideicomisos del Poder Judicial, se encuadra naturalmente en esta teoría de la acción política. La respuesta de los togados ha sido dócilmente funcional con respecto de esta estrategia de la movilización social encabezada por el Ejecutivo. Quizá la sustancia de la iniciativa de extinción no prospere a largo plazo: al Movimiento de Regeneración Nacional no le importa en el fondo. En cambio, la praxis política de la 4T prosperará de frente a las elecciones en puerta. De hecho, ya rinde frutos.
La oposición proclama que la extinción de fideicomisos busca abatir la división de poderes constitucionales. Una vez más, los estrategas del bloque opositor y sus servidores mediáticos alzan la voz en defensa de instituciones abstractas e ideales. Esta tesis implica soslayar (ingenua o mendazmente) la estructura real, concreta de relaciones y trayectorias de quienes imperan en una determinada institución del orden político. Precisamente, lo contrario que piensa la 4T como motor de intervención transformadora en la sociedad: exhibir lealtades, desentrañar compromisos cuya satisfacción ha redundado en recompensas abundantes.
No hay un ataque a una institución abstracta de un sistema republicano abstracto; por el contrario, hay un embate no disimulado al equilibrio de un orden social de privilegios, que reproduce la dominación directa e indirecta de los propietarios sobre la mayoría de la comunidad política, en menoscabo de un sector público poderoso y autónomo respecto del poder privilegiado: único suelo firme de una democracia concreta.
