Luego de los años 70, triunfa un paradigma ideológico y moral dispuesto a reparar las crisis de la era del crecimiento del capital productivo; su apotegma: la gestión de la democracia y de la economía por una sola instancia es perversa y degeneradora. Su legitimación se consolidó contra el Estado de Bienestar, acusándolo de haber degenerado la democracia y la salud del mercado.
Consecuentemente, urgía arrebatar al Estado el control de los recursos económicos y el aparato de la democracia mediante el desmantelamiento de sus instituciones y la suspensión de sus políticas públicas. De aquí se derivan, entre otras cosas, los órganos constitucionales autónomos, llamados a controlar democrática, imparcial y técnicamente la voluntad del “ogro filantrópico” en materias como la electoral, monetaria, competitividad, telecomunicaciones… Sin duda, en el proceso histórico de México, combatir los excesos del Estado era virtuoso.
La oposición al gobierno actual centra su discurso en este paradigma, reducido a la exigencia de “controles democráticos”, sin hacerse cargo de su responsabilidad en el fracaso de ese modelo de organización de las sociedades contemporáneas; es decir, la nueva concentración (y no la diseminación) de la democracia y la economía en un solo agente: el capital financiero y sus zonas de operación, como la especulación inmobiliaria o el extractivismo.
Muchos opositores conspicuos han sido operadores de esta regresión democrática. En el México actual, la médula de la oposición al gobierno está constituida por redes de privilegio, cuyo espacio de sociabilidad se encuentra en las oficinas que estaban llamadas a inhibir el poder del Estado, mediante controles y frenos amparados imparcialmente en la ley, trasunto de la esfera pública. Por ello, tales oficinas propiciaron una nueva concentración de poder, causa de la versión mexicana de una ola global de censura a las debilidades del paradigma democrático liberal.
El malestar europeo frente a la crisis de la democracia liberal se alimenta en esta cesión de poderes económicos y de gobierno al capital financiero, así como en la evidencia fáctica de los desastres globales que ha suscitado y sacuden el bienestar humano: desequilibrios ecológicos, flujos migratorios incontrolables, precariedad laboral... El bienestar de los seres humanos concretos se ha colocado en el centro del debate político de las sociedades más desarrolladas, no sólo como reparación de agravios, sino como instrumento macroeconómico (v. gr. la expansión de la demanda agregada).
¿Por qué no habría de ser así en México? En nuestro caso se destacan políticas de bienestar social que algunos despistados llaman “dádivas”, sin reconocer la recuperación que llevan a cabo en el tejido social y en la debilitada esfera pública.
Ciertamente, el control del Estado por una fuerza política ocurre en México, condición necesaria de rectificación de una perversa concentración de poderes económicos y de gobierno en el capital financiero. ¿Es necesario el control democrático de un Estado semejante, al margen de su arrolladora legitimidad? ¡Por supuesto que sí! Pero instancias y sujetos corrompidos por el influjo degenerador del capitalismo liberal, vivido en el México de los lustros recientes, no pueden cumplir cabalmente con esa responsabilidad.
