La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en contra del derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo es un golpe que, a pesar de que se sabía que llegaría desde que se filtró el proyecto, es difícil de aceptar y entender cuando se supone que estamos en pleno siglo XXI.
Sin embargo, es un amargo recordatorio de que las ideologías más retrógradas, a pesar de su falta de argumentos, siguen teniendo y amasando el poder suficiente para destruir impunemente las vidas de las personas más vulnerables, por lo que ninguna victoria democrática contemporánea puede darse por sentada.
En el caso del derecho de las mujeres para poder abortar antes de las 23 semanas de embarazo, que se encontraba amparado por el precedente del caso de Roe vs. Wade de 1973, la decisión del tribunal supremo estadounidense para echarlo abajo abre un enorme espacio de incertidumbre, pues no es completamente claro qué es lo que pasará en todos los estados. Esto se debe a que la interpretación de la mayoría de cinco jueces conservadores (de los cuales Donald Trump nombró a tres) es que la Constitución no prohíbe ni garantiza ningún derecho a la libertad de decisión de las mujeres, por lo que entonces la decisión recae en los estados.
La incertidumbre no radica en si los estados con mayorías conservadoras usarán esta nueva facultad para perseguir a las mujeres y cancelar sus derechos, sino hasta qué punto llegarán en su violencia contra ellas. Para comenzar, ya se sabe que 13 estados tienen “leyes-gatillo”, que son legislaciones preparadas para entrar en operación una vez que el precedente de Roe vs. Wade desapareciera. Se trata de Arkansas, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming, en donde a lo largo de estos días comenzará a entrar en operación la prohibición total a abortar (como ya hizo Missouri). Sin embargo, se espera que la cifra de estados que terminarán prohibiendo este derecho llegue hasta 26, por lo que alrededor de 36 millones de mujeres que podrían ejercer este derecho quedarán a la deriva en un escenario que sólo podremos ir comprendiendo conforme las restricciones comiencen a implementarse.
Y desafortunadamente, el asedio apenas comienza. El voto particular que emitieron los únicos tres jueces que se opusieron a la decisión, Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Stephen Breyer, es desolador: “Algunos han promulgado leyes que se extienden a cualquier forma de aborto, incluida la toma de medicamentos en casa. Han aprobado normas sin ninguna excepción para cuando la mujer es víctima de una violación o de incesto. En virtud de esas leyes, una mujer tendrá que dar a luz al hijo de su violador o una niña al de su padre, sin importar que hacerlo destruya su vida. Tras la sentencia de hoy, algunos estados pueden obligar a las mujeres a llevar a término un feto con graves anomalías físicas. Pueden incluso argumentar que una prohibición del aborto no tiene por qué proteger a la mujer del riesgo de muerte o daño físico. En una amplia gama de circunstancias, un Estado podrá imponer su elección moral a una mujer y obligarla a dar a luz a un niño”.