Casi una semana antes de que se lleven a cabo las elecciones intermedias en Estados Unidos, el próximo 8 de noviembre, la división y polarización crecientes han llevado a una tensión sin precedentes en donde, de acuerdo con diversas encuestas, entre 40% y 45% de los estadounidenses cree que habrá una guerra civil en el futuro cercano.
Si bien esta percepción puede sobredimensionar el verdadero riesgo de un conflicto interno de las proporciones de una guerra civil, es revelador que este tema, que ha sido posicionado con especial virulencia desde los medios de extrema derecha, flota ahora con naturalidad en la opinión pública.
Una gran parte de este fenómeno es responsabilidad de la acusación por parte de Donald Trump de que le robaron la elección del 2020 gracias a un fraude electoral. De hecho, un estudio recientemente publicado en medRxiv titulado “Views of American Democracy and Society and Support for Political Violence” (Opiniones sobre la democracia y la sociedad estadounidenses y apoyo a la violencia política) indica que casi una tercera parte de los estadounidenses (32.1%) está de acuerdo con que “la elección del 2020 fue robada a Donald Trump y Joe Biden es un presidente ilegítimo”. Sin importar que ninguna de las acusaciones pudo ser demostrada ni acreditada, la fuga de Trump a una realidad alternativa le ha permitido seguir bombardeando a sus seguidores con mensajes que cuestionan la integridad de las instituciones electorales y en las que ha aprovechado el miedo y el resentimiento como un potente activador político.
Pocas cosas pueden ser tan corrosivas para una democracia como lanzar una acusación infundada de que las instituciones electorales son fraudulentas, pues se cierra la puerta para aceptar cualquier resultado que no sea favorable para el acusador. En el caso de Donald Trump, el cuestionamiento a las instituciones electorales ha ido acompañado de una estrategia de captura de los cuerpos electorales.
A diferencia de México, en Estados Unidos hay una gran descentralización en el tema electoral y cada estado tiene sus propias reglas, instituciones y mecanismos para organizar las elecciones. Sin embargo, un elemento común a la mayoría de los estados es que la cabeza de la institución encargada de certificar los resultados electorales, el Jefe de la Oficina Electoral, (CEO por sus siglas en inglés) es electo en 37 de los 50 estados. Además de este puesto, múltiples cargos de la organización electoral son sometidos a elección popular. Aprovechando esto, el equipo de Trump ha comenzado a impulsar una campaña para que sus seguidores comiencen a ocupar esos cargos en estados clave, al mismo tiempo que han desatado una estrategia para atacar e intimidar a las actuales autoridades electorales. Bajo la creencia de que están cumpliendo con un deber patriótico, los seguidores de Trump defienden abiertamente que detendrán cualquier intento de fraude electoral (entendido como cualquier resultado en que ellos no ganen), lo cual pueden hacer al no certificar los resultados electorales que sean adversos a Trump y su movimiento. La conflictividad electoral en estas elecciones, y en camino a 2024, no hará más que aumentar.
