La semana pasada se abrió un nuevo caso judicial contra Donald Trump, sumando un cuarto proceso a la lista cada vez más larga de juicios en los que el expresidente enfrenta consecuencias por sus acciones del pasado. Podría hasta parecer que un nuevo expediente en su contra ya no representa mucha diferencia con el resto de juicios, pero en este caso sí hay algo histórico: en caso de ser encontrado culpable, terminaría en prisión aun ganando las elecciones de 2024.
Esto se debe porque el caso que se ha armado desde la Fiscalía de Distrito del condado de Fulton, en Georgia, ejerce la soberanía de los estados del arreglo federalista de Estados Unidos. A diferencia del resto de juicios, éste podría ser el único expediente que realmente podría preocupar a Donald Trump, pues incluso si volviera a ganar las elecciones y regresara a la presidencia, no podría otorgarse a sí mismo un indulto presidencial al tratarse de una sentencia emanada de un gobierno estatal soberano.
Además, esta acusación recupera una interesante figura judicial que ha sido utilizada en el pasado para desarticular grupos de la mafia y otras redes criminales de corrupción: la famosa Ley RICO (acrónimo de Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión, en inglés). Utilizar la Ley RICO evoca esas típicas escenas hollywoodenses de mafiosos procesados en masa frente a un jurado cuando alguna Fiscalía valiente se decide a investigar y desarticular a una banda completa de criminales que se ha organizado para delinquir sistemáticamente. Y es que, en cierto sentido, algo así será el juicio que se ha abierto contra Donald Trump, en complicidad con otros 18 miembros de la red denunciada, entre los que se encuentran desde altos perfiles, como los del abogado del expresidente Rudy Giuliani y su exjefe de gabinete Mark Meadows, hasta funcionarios locales que terminaron robando datos de las elecciones de las oficinas donde se contaban los votos.
En contraste con otro tipo de juicios criminales, en una acusación basada en la Ley RICO no es necesario que una misma persona cometa todos los delitos de los que se acusa a la organización completa, lo importante es demostrar que los acusados actuaban de manera orquestada para fines compartidos, por lo que cada uno de ellos jugaba un papel diferente en la banda criminal. En el caso de Donald Trump, por ejemplo, se le acusa de 13 de los 40 cargos de los que se señala a la red, cuyo fin último era hacer todo lo posible para revertir los resultados de la elección en las que Trump perdió el estado de Georgia.
La evidencia más conocida de esto es la famosa llamada telefónica en que quedó grabado cómo Trump le marcó a las autoridades electorales del estado para “pedirles” que le encontraran 11,780 votos, que era lo que necesitaba para darle la vuelta al resultado de la elección. Pero la acusación presentada la semana pasada presenta nuevas evidencias de que hubo más de un intento para alterar realmente los resultados electorales. El equipo de Trump pensó que atacar en un gobierno local podría permitirles aprovechar la diferencia de fuerzas entre lo local y lo federal, pero, hoy, justo desde ese pequeño condado local podría venir su mayor dolor de cabeza. Este juicio será espectacular.
