La situación legal de Donald Trump se complica cada vez más. El expresidente de Estados Unidos enfrenta varios reveses en los procesos judiciales por sus intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2020, en las que perdió frente a Joe Biden.
Uno de los casos más relevantes es el que se lleva a cabo en Georgia, donde la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, logró la semana pasada que tres de los 19 colaboradores acusados de participar en la conspiración criminal se declaren culpables, poniendo a Trump cada vez más cerca de un escenario insólito: que termine en la cárcel.
En las últimas semanas, tres de los abogados que participaron en esa trama han decidido declararse culpables y cooperar con la fiscalía, lo que supone un duro golpe para Trump y sus aliados. Se trata de Sidney Powell, Kenneth Chesebro y Kurt Hilbert, quienes fueron parte del llamado “equipo legal de ensueño” del exmandatario, encargados de difundir teorías conspirativas infundadas sobre un supuesto fraude masivo orquestado por Venezuela, China y otros actores y participar activamente para tratar de revertir los resultados electorales.
Powell fue una de las voceras más visibles de esa campaña de desinformación, que buscaba sembrar dudas sobre la integridad del sistema electoral estadounidense al declarar que las máquinas para contar votos fueron manipuladas. Según la acusación, Powell también estuvo involucrada en un robo de datos en una oficina electoral de Georgia, para tratar de encontrar evidencia que respaldara sus falsas afirmaciones.
Chesebro fue el autor intelectual de una estrategia para enviar al Congreso una lista alternativa de electores pro-Trump, que pretendía reemplazar a quienes habían sido electos y que habían dado la victoria a Biden. Chesebro redactó varios memorandos legales para justificar ese plan, que violaba la ley y la Constitución.
Hilbert fue el encargado de contactar al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para presionarlo y que convocara una sesión especial del legislativo estatal, con el objetivo de revocar la certificación de los votos. Hilbert también participó en la famosa llamada telefónica en la que Trump le pidió a Raffensperger que “encontrara” los votos que necesitaba para darle la vuelta al resultado.
Estos tres abogados, que en su momento trabajaron para Trump, se han acogido a acuerdos de culpabilidad que les permiten evitar la cárcel y mantener sus licencias profesionales, a cambio de entregar documentos, grabaciones y testimonios que podrían ser clave para demostrar la responsabilidad de Trump y sus cómplices en sus acciones para tratar de revertir el resultado de la elección en que perdió.
Lo que está ocurriendo en Georgia es un ejemplo desconcertante de lo que puede suceder en un esquema de separación de poderes, no sólo horizontalmente por parte del Poder Judicial, sino en términos de órdenes de Gobierno, pues esta acción local podría ser la única de la que Donald Trump, incluso si volviera a ser electo presidente, no podría perdonarse a sí mismo al tratarse de un proceso estatal y no federal. Trump no es intocable y, con quienes alguna vez trabajaron para él comienzan a declararse culpables para salvarse; más pronto de lo que imagina tendrá que preocuparse de terminar realmente en la cárcel.
