A comienzos de junio, el grupo de países del G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) llegó a un acuerdo que tal vez no ha recibido la atención que merece, pero podría transformar de manera profunda el sistema económico mundial: implementar un impuesto corporativo mínimo de 15% para que las empresas multinacionales paguen en los países en los que operen y obtengan ganancias.
Que una empresa deba pagar impuestos en el lugar que está funcionando puede parecer una obviedad, pero existe un amplio catálogo de estrategias con las que las compañías triangulan complejas transacciones internacionales para disminuir y hasta evitar el pago de impuestos. Por ejemplo, una técnica popular, conocida como “sándwich doble irlandés-holandés”, consiste en que una empresa vende la propiedad intelectual de su producto a una compañía en el Caribe —Bermuda suele ser la opción más común—; esta empresa establece una subsidiaria en Irlanda, que a su vez factura sus ganancias como gasto operativo pagando a una segunda compañía establecida en Irlanda; la segunda empresa irlandesa transfiere esos recursos a otra empresa establecida en Holanda que, finalmente, devuelve los recursos como regalías a la primera empresa irlandesa que, al tener su sede en un país donde la tasa de impuestos corporativa es de 0%, permite cerrar el círculo de la elusión. Estos mecanismos son costosos e intrincados, pero para las grandes compañías resulta muy redituable acudir a ellos.
Atacar estos complejos esquemas globales requiere que la mayor cantidad posible de países se sume y avance hacia una implementación efectiva de esta nueva política fiscal, pues precisamente la fragmentación y falta de esfuerzos coordinados han permitido que proliferen los espacios para darle la vuelta al brazo fiscal de los gobiernos. Hablar de esquemas fiscales multilaterales a las empresas o la riqueza como una solución era una propuesta limitada a la academia y los analistas especializados; pero desde la administración de Biden, y ahora con el respaldo del G-7, esta idea ha comenzado a avanzar hacia ser una posibilidad real. Por ello es clave la reunión del G-20 (al que pertenecemos) que se llevará a cabo el próximo mes en Roma, en donde éste será uno de los temas relevantes que se discutirán, así como los esfuerzos posteriores en los que se tratará de sumar a los países de la OCDE.
Después cada nación tendrá que lidiar con sus propias complicaciones internas, pues al interior de los diferentes países aún hay mucho terreno que avanzar para lograr que la recaudación legalmente establecida se cumpla realmente —basta recordar las cifras que recientemente el SAT difundió cómo los grandes contribuyentes de diferentes sectores en México pagan tasas efectivas que incluso se acercan al 1%. Pero está en el mejor interés de los gobiernos, y de sus sociedades, que las empresas no sólo hagan negocios en un lugar y después hagan todo lo posible para llevarse sus ganancias a otras latitudes, sino que contribuyan económicamente pagando los impuestos que les corresponden. Intentar lograr este cambio desde un solo país es prácticamente imposible, pero si un amplio sector de la comunidad internacional lo ejecuta, el camino para combatir la elusión fiscal global puede ser una realidad.
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
