La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocida como DACA por su abreviatura en inglés, es una de las políticas más importantes que ha ayudado a proteger a jóvenes migrantes en Estados Unidos desde 2012, pero después de que la semana pasada un juez de Texas declaró ilegal el programa y bloqueado la posibilidad de aprobar más solicitudes, hoy más que nunca es necesaria una reforma migratoria.
DACA se planteó como una solución temporal para ofrecer un poco de seguridad a los miles de jóvenes que fueron llevados a Estados Unidos en su infancia y que han hecho prácticamente toda su vida ahí, pero que han sufrido las consecuencias de no tener papeles y ser considerados migrantes ilegales. La política implementada por Obama no les otorgó a los dreamers un estatus legal ni un camino hacia la ciudadanía, pero sí les garantizó que no serían deportados y que podrían obtener un permiso de trabajo, un número de seguridad social y un permiso para conducir mientras formaran parte del programa y renovaran su registro cada dos años. Claramente no se trató de una ambiciosa reforma migratoria, pero considerando la terrible y angustiante situación que viven los migrantes indocumentados, se trató de un avance.
Se estima que hay alrededor de 1.7 millones de migrantes que cumplen con los requisitos necesarios para ser protegidos por el programa, pero sólo hay cerca de 650 mil jóvenes que se han adherido. Entre muchos otros motivos, existe una duda razonable entre los migrantes sobre entregar su información a las autoridades y el temor a lo que podría pasar si el programa es suspendido o desaparece. La incertidumbre ha sido una constante para los dreamers, pues ya vivieron los constantes intentos de Trump para destruir el programa y hoy enfrentan esta nueva resolución que considera que las acciones de Obama sobrepasaron sus facultades y violaron la ley, por lo que DACA es ilegal.
La orden judicial no implica que los dreamers inscritos actualmente en el programa perderán su protección, pero sí obliga al gobierno de Biden a no aprobar nuevas solicitudes, por lo que miles de aplicantes han recibido un portazo en la cara y tendrán que continuar viviendo al margen de la ley, con todas las consecuencias que ello implica.
Éste es un tema que debería ser seguido muy de cerca y con amplio interés desde México, pues la gran mayoría de beneficiarios de DACA son mexicanos, con alrededor de 80% del total de jóvenes. El gobierno de Biden ha presentado una propuesta legislativa para abrir un camino hacia la ciudadanía para estos jóvenes migrantes, pero enfrenta el gran desafío de tener que convencer al menos a 10 senadores republicanos para que la propuesta pueda discutirse y votarse en el Senado. Uno de los mecanismos con los que esto puede suceder es si la reforma migratoria se incluye como parte de la propuesta legal de reconciliación en la que se pretenden aprobar 3.5 trillones de dólares en infraestructura, pero esto aún es incierto. Desde México este tema no puede ser ignorado, pues en el bienestar de nuestros paisanos está también el nuestro.
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
