Un tercer país seguro es una figura internacional creada para hacer frente a los grandes movimientos de personas que emigran de su lugar de origen, en la que dos naciones, siendo una de ellas el destino principal de los migrantes, deciden que la situación de la otra nación le permite garantizar la seguridad de las personas que buscan asilo, por lo que antes de pedir protección en el país de destino principal, los migrantes deben hacerlo en el primer país seguro que visiten.
Uno de los casos contemporáneos más significativos de aplicación de este mecanismo, que se estableció en la Convención de 1952 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, es el acuerdo al que llegaron los países europeos con Turquía para que los millones de migrantes sirios que huían de la guerra civil y que buscaban llegar a los países del oeste europeo pudieran permanecer en Turquía bajo la premisa de que ahí estarían seguros. El gobierno turco les garantizaría condiciones mínimas que se financiarían con apoyo internacional, con lo cual se limitaba la cantidad de posibles migrantes que llegarían a su destino ideal final. El gran problema es que la situación en Turquía no era precisamente segura para los peticionarios de asilo internacional, por lo que existieron fuertes cuestionamientos sobre el uso de la figura como una válvula de escape en la que los migrantes realmente seguirían estando en peligro.
Debido a estas críticas, además de la responsabilidad que se cierne sobre la nación que se declara tercer país seguro, es que el Gobierno mexicano ha sido muy insistente en repetir que no es ni acordaría nunca ser un tercer país seguro para Estados Unidos. Sin embargo, desde que Donald Trump amenazó con el establecimiento de aranceles en 2019, el Gobierno mexicano aceptó que para la aplicación de los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP) los solicitantes de asilo podrían iniciar su trámite de solicitud de asilo en Estados Unidos, pero que serían devueltos a México, en donde tendrían que esperar la resolución de su solicitud. Esto implicó que miles de migrantes, mayormente centroamericanos, fueran devueltos a México, en donde tuvieron que establecerse en campamentos con precarias condiciones. Además, era claro que el Gobierno mexicano no podía realmente garantizar las condiciones mínimas de seguridad para estos refugiados, que ya habían sufrido la salvaje brutalidad con la que habían sido cazados por las autoridades mexicanas desde la frontera sur y el peligroso acecho del narco a lo largo de todo su trayecto.
El Gobierno de Biden ha finalizado esta política, por lo que los campamentos de refugiados han comenzado a vaciarse en estos días, con lo cual termina el sufrimiento de miles de personas que a su paso por México recibieron un trato casi equivalente al que históricamente han recibido nuestros compatriotas en Estados Unidos y del que tanto nos hemos quejado. Y así avanza uno más de los momentos más vergonzosos de nuestra política exterior, pues sin declararnos tercer país seguro, nos convertimos en eso y traicionamos uno de nuestros ideales de hermanamiento con nuestros vecinos del sur. Hoy esa terrible política termina, pero no es gracias a nosotros.
