La polarización como estrategia de campaña y como método de gobierno ha sido la marca fundamental de Donald Trump como político. A poco más de un mes de las elecciones, uno de los temas que más divide a la sociedad estadounidense ha vuelto a tener una posición estelar: el aborto.
En términos jurídicos, el aborto es legal en Estados Unidos desde 1973, cuando la Corte Suprema resolvió el caso de Roe vs. Wade, en el que señaló que, bajo el derecho a la privacidad, en conjunción con el debido proceso establecido en la decimocuarta enmienda, cualquier mujer tenía el derecho a elegir libremente si interrumpía su embarazo. En una sola decisión judicial, se echaron abajo todas las legislaciones federales y locales que contemplaban la prohibición o penalización del aborto. Sin embargo, los políticos rápidamente encontraron maneras para continuar colocando trabas al derecho al aborto sin contravenir la decisión de la Corte Suprema.
En términos reales, el derecho al aborto en Estados Unidos tiene diversas limitantes. En 1976 se aprobó la “Enmienda Hyde”, que es una disposición presupuestal en la que se define que no podrán destinarse fondos federales para financiar el aborto, salvo para casos de violación o en que el embarazo ponga en riesgo la vida de la mujer. Esto se materializó en una gran limitante al gasto público, principalmente vía Medicaid, que hizo que el derecho al aborto siguiera vigente, aunque no podía materializarse para millones de mujeres, principalmente las más pobres, debido a la falta de recursos públicos para su implementación. Esto le dio una herramienta poderosísima al ala conservadora para, a pesar de haber perdido la batalla jurídica, continuar interponiéndose en la libertad que cualquier mujer debería tener para decidir sobre sí misma.
Sólo en los estados con una clara agenda progresista esta situación pudo ser revertida con la creación de presupuestos y políticas locales que permitieran el ejercicio efectivo del derecho al aborto, como sucede en California o Nueva York, mientras que, en estados más conservadores como Texas o Florida, el derecho al aborto quedó casi desaparecido. A partir de estas diferencias es que se configura la lucha por el derecho al aborto vigente en Estados Unidos, pues mientras los republicanos han buscado abiertamente revertir la decisión de Roe vs. Wade, en el espectro progresista, incluso Biden, se busca el cambio a las limitaciones presupuestales para hacer efectivo un derecho que sólo existe en el papel.
Desde su campaña de 2016, Trump hizo una alianza con el movimiento anti-abortista, prometiendo colocar jueces que abiertamente rechazaran este derecho y, hasta el momento, ha cumplido, lo cual aplica también con su nominada a ocupar el asiento que dejó la jueza Ginsburg: Amy Coney Barrett. A pesar de que una clara mayoría apoya el aborto legal de acuerdo con las encuestas, la minoría republicana antiabortista tiene mayores tasas de participación electoral y podría hacer una diferencia con su movilización ahora que se discuta la nominación de Barrett. En medio de la pandemia y la crisis, la polarización por el aborto ha regresado a ser un tema central en la campaña electoral.
