Una de las características mínimas de una democracia es la incertidumbre en los resultados por la lucha en el poder. Karl Popper decía que una de las modestas virtudes de la democracia era que permitía echar a la calle a un mal gobierno sin tener que matarnos en el proceso. Pues en el caso de Nicaragua, a pesar de que ayer hubo elecciones, lo último que puede decirse sobre ellas es que fueran democráticas.
Aún sin conocer los resultados oficiales de la votación, todos sabemos que Daniel Ortega, quien actualmente gobierna junto con su esposa como vicepresidenta, obtendría sin lugar a dudas, su tercera reelección consecutiva y ejercerá por quinta ocasión el cargo de presidente. Esto se debe a que el régimen de Ortega ha llevado a cabo un violento proceso de acumulación de poder y destrucción de todos los contrapesos, así como de colonización de todas las instituciones con personas leales al presidente, que le ha permitido garantizar el control absoluto y la neutralización de cualquiera que se interponga en su camino.
La acción más visible de la dictadura nicaragüense se encuentra en los 39 opositores que fueron detenidos antes de las elecciones, entre los que se encontraban 7 personajes que tenían posibilidades o intenciones de presentarse como candidatos presidenciales. Hasta el más impopular de todos ellos podría haber derrotado al gobierno de Ortega en unas elecciones limpias, pues de acuerdo con la encuestadora Gallup, la intención de voto real por el Frente Sandinista de Liberación Nacional se encontraba en sólo 9%. Desde hace ya varios años Daniel Ortega perdió el apoyo de la población, lo cual se agudizó cuando reprimió y asesinó al menos a 328 jóvenes estudiantes y campesinos que protestaban como respuesta a una reforma de seguridad social que los afectaba en 2018.
El gobierno se volcó en contra de cualquiera que se le opusiera y con una serie de modificaciones legales, por ejemplo con nuevas leyes contra el lavado de dinero, ciberdelitos o de agentes extranjeros hechas a la medida, persiguió a diversos medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y ciudadanos que se le han enfrentado. El último reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicado unos días antes de las elecciones y titulado Nicaragua: Concentración del poder y debilitamiento del Estado de derecho, es demoledor:
“La concentración del poder permitió al Ejecutivo, la emisión de una serie de normas y reformas utilizadas para reprimir, perseguir, censurar, asegurar privilegios y, en definitiva, poner fin a la participación de la oposición en las próximas elecciones de noviembre de 2021 con el fin de perpetuarse en forma indefinida en el poder y mantener sus privilegios e inmunidades, en un contexto de corrupción, fraude electoral e impunidad estructural por graves violaciones a los derechos humanos que incluso podrán calificarse de crímenes de lesa humanidad. Las condiciones anteriores hacen inviable un proceso electoral íntegro y libre, en detrimento del ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía”. La democracia muere en la región mientras nuestro gobierno voltea hacia otro lado, ignorando que el giro autoritario en nuestros vecinos es un asunto de seguridad nacional. No podemos quedarnos callados o seremos cómplices del retroceso.
