El sábado por la mañana, el hijo mayor del presidente colombiano, Nicolás Petro, fue detenido por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El caso se viene cocinando desde marzo, cuando se difundió una entrevista en la que la exesposa de Nicolás, Day Vásquez, denunció que a lo largo de la campaña presidencial de su padre en 2022, él recibió pagos de empresarios, delincuentes y paramilitares.
El escándalo pone en aprietos a Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, y cimbra su discurso anticorrupción. Si bien no parece haber un vínculo directo entre el dinero ilegal recibido y la campaña presidencial —de acuerdo con la denuncia, Nicolás Petro recibía y se quedaba para sí mismo los recursos y regalos como vehículos—, el mero hecho de que esto sucediera en el círculo familiar del presidente dinamita la confianza en un gobierno que, a punto de cumplir un año, enfrenta dificultades para lograr avanzar su agenda.
La respuesta de Gustavo Petro, sin embargo, resulta ejemplar. “Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel (…) A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores. Como afirmé ante el fiscal general no intervendré ni presionaré sus decisisones [sic]; que el derecho guíe libremente el proceso”, escribió en sus redes sociales. Al negarse a encubrir o proteger a su propio hijo, Petro marca un precedente valioso sobre cómo un presidente debe enfrentar las denuncias de actos ilegales en su familia, lo cual debería ser una lección para otros mandatarios que gustan de presumir un supuesto combate frontal a la corrupción.
Esto puede convertirse en una oportunidad para mejorar la ya desgastada imagen de Petro, que actualmente se encuentra en sus niveles más bajos de popularidad, pero también puede ser una bomba que termine sepultando a su gobierno, pues faltan tres meses para las elecciones municipales y regionales. Hoy el gobierno de Petro no cuenta con las mayorías legislativas necesarias para impulsar sus reformas en materia de salud, trabajo y pensiones, mismas que están atoradas en el Congreso, por lo que un escándalo como éste puede profundizar las pérdidas electorales de Petro.
Además, no se trata del primer señalamiento de financiamiento ilegal de la campaña de Petro. En junio se revelaron algunos audios del exembajador de Colombia en Venezuela, en los cuales se habla de 15 mil millones de pesos (alrededor de 63 millones de pesos mexicanos) de financiamiento ilegal en los que participó Ricardo Roa Barragán, el exjefe de la campaña presidencial de Petro y actual presidente de Ecopetrol, la empresa petrolera del gobierno colombiano. La Fiscalía General también abrió una investigación sobre este caso, cuyos resultados aún son inciertos. De acreditarse el doble señalamiento de dinero ilegal en la campaña de Petro, podría derrumbarse la credibilidad y legitimidad del gobierno, haciendo que los siguientes tres años de gestión se vuelvan estériles para cualquier iniciativa del gobierno. El discurso anticorrupción de Petro, que fue tan efectivo para ilusionar al electorado colombiano, puede terminar siendo su perdición.
