Cuando se habla de paraísos fiscales, la imagen que normalmente viene a la mente es la de una isla paradisiaca del Caribe o algún país tropical con palmeras y mares exuberantes en los que unos cuantos millonarios esconden sus fortunas.
Sin embargo, las revelaciones hechas este fin de semana por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en los denominados “Pandora Papers” nos muestran que esta actividad se coordina en más de 200 países con complejas redes de complicidades en las que no sólo unos cuantos adinerados participan, sino miles de personas, incluidos más de 330 altos funcionarios de todo el mundo.
A diferencia de los “Panama Papers”, en los que las filtraciones mostraron millones de documentos relacionados únicamente con la firma Mossack Fonseca, en esta ocasión se revelan las operaciones de 14 despachos alrededor del planeta que han creado más de 29 mil sociedades que sólo existen en el papel. El trabajo de más de 600 periodistas de 150 medios que durante dos años han analizado los documentos permite dimensionar el tamaño de una actividad que propiamente no es ilegal, pero que aprovecha los múltiples vacíos legales del sistema internacional para ocultar recursos con mecanismos éticamente cuestionables.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cada año se pierden alrededor de 240 miles de millones de dólares de impuestos que los países podrían obtener si las grandes fortunas no se trasladaran a estas empresas de papel en paraísos fiscales, conocidas como offshore. Estos recursos podrían ser utilizados por los gobiernos para proveer mejores servicios públicos, por lo que todos los ciudadanos terminamos perdiendo. A esto hay que sumar que los esquemas de triangulación de recursos también ocultan a los verdaderos dueños de muchas de estas fortunas y no es hasta que se dan filtraciones como las de los “Pandora Papers” que es posible conocer quiénes han acudido a estos mecanismos.
Y aquí es donde se plantea el que es el problema más grande de esta situación: estamos descubriendo que decenas de mandatarios de diversas naciones son propietarios de enormes fortunas que han escondido de sus gobernados. En el caso latinoamericano, aparecen los actuales presidentes de Chile, Sebastián Piñera, de Ecuador, Guillermo Lasso, y de República Dominicana, Luis Abinader. También otros 11 expresidentes de Colombia, Perú, Honduras, Paraguay y Panamá, así como otros políticos y altos funcionarios de múltiples carteras, y otra constelación de más de 80 políticos mexicanos de todos los partidos. Muchos de quienes deberían de ser los ejecutores de acciones contra la evasión fiscal son los principales beneficiarios de ella, lo que hace que la eliminación de esta práctica sea un asunto aún más difícil de lo que ya es. Un fenómeno de tan grandes dimensiones y con tal nivel de complicidad global requiere acciones de la misma envergadura, pero para ello no podemos dejar que esto sea sólo un escándalo más. Todos estamos perdiendo.
