Un derecho que no se ejerce, como un músculo que no se utiliza, se atrofia y se termina perdiendo. El derecho al acceso a la información pública se ejerce, por definición, cuestionando y exigiendo al gobierno, por lo que es el elemento fundamental de una sociedad informada y crítica.
Sin embargo, este derecho ha sido históricamente amenazado en todo el mundo por los gobiernos que tratan de esconder información a sus ciudadanos, por lo que es necesario acudir al origen para recodar que la pelea por este derecho nunca se detiene.
El primer lugar en que se reconoció formalmente que los ciudadanos tenían derecho a conocer la información en posesión del gobierno fue en Suecia, mediante la publicación del Acta Sueca de Libertad de Prensa de 1766, uno de los pilares constitucionales del país y que estableció que la información generada y en posesión del gobierno era pública, por lo que cualquier ciudadano tenía derecho a obtenerla gratuitamente si era solicitada formalmente. Éste es el punto que se cita en la historia del derecho al acceso a la información como el origen de una batalla que tardó varios siglos en ser ganada, al extremo de que la primera vez que este derecho fue reconocido en la Constitución mexicana fue hasta el año 2002, 236 años después que los suecos.
Esto ha convertido a Suecia en un referente en cuanto a transparencia, ocupando el 6º lugar en el índice de Transparencia Internacional y el 4º lugar en gobierno abierto para el World Justice Project. El problema de esta historia es que hace ver al derecho al acceso a la información como una batalla que, una vez ganada, no se debe volver a dar, y eso es equivocado.
Lo que se omite en la efeméride de 1766 es que la materialización de una ley de transparencia y libertad de prensa fue producto de una larga pelea entre la corona sueca y su población, pues desde casi cien años antes el rey se había dado el derecho de censurar todos los libros del país y múltiples episodios fueron ayudando a dar forma a una exigencia popular por controlar al poder. Pero esa pelea no se detuvo al promulgarse la ley, sino que continuó. Esa disposición sólo se aplicó durante 8 años, pues en 1774 el nuevo rey Gustavo III decidió que era una ley muy molesta y la eliminó. La obligación del gobierno de entregar información pública solicitada por sus ciudadanos no volvió a estar en las leyes suecas sino hasta 1810 y continuó en disputa permanente.
Hoy, el sistema sueco es casi perfecto para entregar información pública que le solicitan las personas, con una pequeña salvedad: sólo funciona bien cuando se sabe exactamente qué se necesita. Hay un buen sistema para evitar que se esconda información, al punto que el ombudsman puede participar ante solicitudes de información negadas, pero no existe un repositorio único de información pública del gobierno, que es el objeto de muchas de las críticas de la sociedad civil sueca. Curiosamente, los suecos (y muchos otros países) envidiarían un sitio como la Plataforma Nacional de Transparencia del Inai, que está próximo a desaparecer en un episodio más de esta batalla histórica.
