Desde hace poco más de un mes comenzó la aplicación de las primeras dosis de vacunas contra el coronavirus en el mundo. Pero la vacuna no ha llegado por igual a todos lados, pues las naciones más ricas han acaparado la mayoría de la producción global (10 países han administrado 75% de todas las vacunas que se han aplicado, mientras que en 130 no se ha puesto ni una sola inyección). Esta escasez ha hecho que entre las naciones que sí han comenzado a administrar la vacuna, pero tienen gobiernos menos institucionalizados, las desigualdades y asimetrías de poder, así como el influyentismo, tengan un poder descomunal.
Varias naciones de América Latina, por ejemplo, han destacado por haber permitido que personajes cercanos al poder pudieran recibir una vacuna sin tener que hacer ninguna fila ni esperar a que su turno llegase en las estrategias de vacunación.
En Perú, hace unos días quedó al descubierto que el expresidente Martín Vizcarra había sido vacunado desde octubre, cuando aún gobernaba. La explicación dada es que participó en los ensayos clínicos de la vacuna de la compañía china Sinopharm, pero los encargados del ensayo clínico negaron esto. El expresidente no fue el único que recibió una vacuna antes que el resto de la población, pues después de este escándalo fueron conociéndose más casos de funcionarios y personas cercanas al gobierno que recibieron una vacuna anticipadamente. Hasta el momento se sabe de 487 casos, entre los que se encontraban altos funcionarios, familiares de políticos, amigos y hasta jerarcas de la Iglesia. El colmo del asunto fue que la propia ministra de Salud, Pilar Mazzetti —que públicamente había declarado que sería la última en ser inoculada, dada su posición y responsabilidad en la coordinación de la vacunación nacional—, también había formado parte del exclusivo grupo de personas que fue vacunada antes que el resto de la población; por lo que quedó fuera del gobierno. Misma situación sucedió con Elizabeth Astete, que tuvo que dejar el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Algo similar ha sucedido en Argentina, en donde el ministro de salud, Ginés González García, ha tenido que renunciar a su cargo después de que se hizo público que había apartado tres mil vacunas Sputnik V para aplicarlas según su juicio y conveniencia entre sus amigos y conocidos, así como entre aliados políticos y económicos. Para optimizar la aplicación de esta «vacuna VIP», el exministro habilitó un espacio dentro de la propia sede del Ministerio de Salud, en la que los elegidos podían obtener su vacuna sin preocupación alguna.
En ambos casos, la indignación ciudadana posterior a que los escándalos salieron a la luz derivó en que los altos funcionarios perdieran su cargo, lo cual podría dar un dejo de esperanza ante la posibilidad de corregir estos problemas. Sin embargo, también nos hacen preguntarnos sobre cuántos episodios como éstos están sucediendo día a día y cuántos casos simplemente no serán conocidos porque los gobiernos lograrán mantenerlos ocultos. En los países con un Estado de derecho débil, las vacunas llegan primero para los ricos, poderosos e influyentes; el resto tiene que esperar.
