El programa “Quédate en México” pasará a la historia como un infame episodio de la política exterior en que el gobierno mexicano aceptó convertirse de facto en tercer país seguro para que los migrantes solicitantes de asilo en Estados Unidos tuvieran que realizar su trámite sin tener que permanecer en ese país. Además, doblegado por la amenaza de Trump de dinamitar el tratado de libre comercio, México transformó su política migratoria para lanzar a los militares y la Guardia Nacional contra los migrantes en la frontera sur con una ferocidad vergonzosa.
Con la llegada de Joe Biden, la política de permanencia de solicitantes de asilo en nuestro país, formalmente denominada como Protocolo de Protección Migrante (MPP, por sus siglas en inglés), llegó a su fin. Esto no implicó que Estados Unidos abriría sus puertas de par en par para recibir migrantes, pero la señal que se envío hacia el exterior incentivó a muchos migrantes a creer que tendrían mejor suerte en su intento por cruzar la frontera. La cantidad de migrantes intentando cruzar la frontera de Estados Unidos llegó este verano a su punto más alto en las últimas dos décadas.
La cancelación del MPP ayudó a aliviar una parte de la presión puesta por los casi 71 mil solicitantes de asilo que permanecieron en nuestro lado de la frontera, pero ya no había marcha atrás a la militarización de nuestra política migratoria. En más de un sentido, México sí construyó el muro y lo pagó, sólo que, en lugar de estar en el Río Bravo, se trasladó al sur, en donde la Guardia Nacional se convirtió en la Border Patrol para detener a los migrantes, mayormente centroamericanos, y someterlos a unas condiciones igual o peores a las que por años nuestros connacionales sufrieron en Estados Unidos.
Además, el fantasma de haberse doblegado ante Trump nos sigue persiguiendo. El programa “Quédate en México” volverá a ponerse en marcha, aunque no porque Biden lo quiera, sino porque un juez federal así lo ha ordenado. La solidez jurídica de la sentencia del juez Matthew Kacsmaryk es bastante cuestionable, pues para justificar la petición del estado de Texas de reinstalar el MPP, ha invocado una ley federal de 1996 con una interpretación por demás dudosa, pero ahora no sólo se trata de una controversia jurídica, sino política. Esto debido a que el juez Kacsmaryk es uno de los múltiples jueces con visiones de extrema derecha que fueron designados por Trump, algo similar a la situación de dos de los tres jueces de la corte de apelación que confirmaron la sentencia y que, en el extremo, es la misma situación en la Corte Suprema, en donde la mayoría conservadora producto de las designaciones de Trump, ha confirmado que el MPP tiene que reinstalarse.
El gobierno de Biden aún cuenta con múltiples recursos para enfrentarse a este revés, pero por el momento, estará obligado a cumplir la decisión. Nuestro gobierno ha dicho oficialmente, en voz de Roberto Velasco, que “no se posiciona con respecto a dicho fallo”, pero, claro, no hay mucho que decir: ese programa pudo existir porque nosotros decidimos complacer a Donald Trump. Hoy pagamos el precio.
