Esta semana cerrará el periodo legal en Nicaragua para el registro de las personas que participarán como candidatos para las elecciones presidenciales del 7 de noviembre.
Al mismo tiempo, 7 de las principales personalidades que podrían haber presentado su candidatura para enfrentarse al dictador Daniel Ortega han sido arrestadas y procesadas, con lo que el régimen busca garantizar que no habrá en la boleta ningún candidato que pueda poner en riesgo el control de Ortega.
El pasado sábado 24 de julio, Noel Vidaurre, precandidato presidencial propuesto por la Alianza Ciudadanos por la Libertad, fue detenido por la policía nicaragüense, acusado de “actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, y pedir intervenciones militares”. Con esto, Vidaurre se une a Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Miguel Mora y Félix Madariaga, todos detenidos por la policía (que es dirigida por Francisco Díaz, un consuegro de Daniel Ortega) también por supuesta traición a la patria. A estos arrestos hay que sumar las detenciones de múltiples dirigentes campesinos, estudiantiles y opositores, empresarios, periodistas y hasta excompañeros de armas de Ortega, todos hermanados por representar algún tipo de amenaza al régimen, ya sea con su crítica, activismo, investigación o movilización.
Con el inicio de procedimientos penales en contra de todos estos personajes, así como con su encarcelamiento, Ortega busca quitar del camino y disuadir a todos sus posibles rivales de registrarse como candidatos, lo cual legalmente deberá suceder entre el 28 de julio y el 2 de agosto. Así, esta misma semana veremos si tienen éxito el miedo, uso faccioso de la justicia y persecución que el gobierno de Nicaragua ha emprendido contra cualquiera que se atreva a levantar la voz en su contra.
A la tragedia autoritaria que se vive en Nicaragua le acompaña el terrible silencio, que en la mayoría de los casos se convierte en complicidad, desde varios de los principales gobiernos de la región. El silencio de México, amparado bajo un uso a conveniencia del principio de no intevención, o la reticencia de Argentina a sumarse a los llamados que desde una buena parte de la comunidad internacional se han hecho sobre la creciente deriva autoritaria de Nicaragua, son algunos de los casos que han debilitado la posible presión internacional que podría ponerse sobre las acciones de Ortega. Si a esto le sumamos los recientes llamamientos desde la presidencia mexicana para “la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie”, pareciera que se intenta empujar la apertura de un espacio para que las regresiones antidemocráticas en la región tengan que respetarse bajo un entendimiento sesgado de la autodeterminación de los pueblos.
Si las acciones de Ortega le permiten presentarse a las elecciones de noviembre como candidato único o sin opositores reales en la boleta después de encarcelar a todos sus adversarios, y si los países de la región no levantan la voz al respecto, estaremos dejando un nuevo precedente más de que las vulneraciones a la democracia nos tienen sin cuidado.
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
