Cuando la producción pecuaria reviste un carácter de seguridad nacional, cuando las actividades en el campo son además altamente vulnerables al creciente impacto del cambio climático, a la fatiga de tierras cultivables y la ascendente demanda de alimentos, la aseguradora estatal Agroasemex, que dirige Breno Lorenzo Madero Salmerón, le ha dado la espalda a los productores del campo mexicano: de haber sido la entidad que daba certidumbre en caso de desastres ambientales y malas cosechas, Agroasemex se ha trastocado en una reaseguradora que incumple con el sentido más básico de política de estado para evitar llegar a los umbrales del hambre.
Vaya, mientras que en el Foro Económico Mundial el secretario general de la ONU, António Guterres, y diversos líderes globales pusieron en marcha el reloj para hacer frente a lo que puede ser la más devastadora oleada de hambruna en décadas, en México la entidad que debería prestar atención a los riesgos que enfrenta la producción de alimentos le dio por jugar a las altas finanzas, mientras que abandonó los dos programas que usualmente ejecutaba: 1) el de seguro contra desastres en el que se llegaron a contar con casi 4 mil millones de pesos para atender los efectos de inundaciones, heladas, sequías o plagas a fin de garantizar el ingreso de los agricultores y evitar pérdidas ruinosas por el financiamiento tomado al inicio de las temporadas de cultivo; 2) el apoyo de hasta 50% en el pago de las primas de seguro, lo que permitía la incorporación de los productores medianos y emprendedores del campo mantener su liquidez durante el periodo de preparación, siembra, crecimiento y cosecha.
La falsa austeridad y el falso discurso en Agroasemex resulta notable: para los dos programas vitales y que le dan sentido de ser, se llegó a contar hasta con 4,500 millones de pesos disponibles, pero ahora se han desaparecido, mientras que el coordinador de administración y finanzas, Jesús Bañuelos, llegó a realizar inversiones en bonos de gobierno y de emisores privados por más de 11 mil millones de pesos (conforme a la Cuenta Pública 2020) con el objetivo de negociación y disponibles para venta —o sea especulación de tasas— en tanto que se ha reducido a prácticamente 50% el valor de sus activos físicos.
Mientras que en Estados Unidos el 94% de las superficies de uso agrícola tiene seguros financiados por el Departamento de Agricultura que encabeza Tom Vilsack, en México ni siquiera el 12% de la superficie tiene algún tipo de protección conforme a los datos del Consejo Nacional Agropecuario que encabeza Juan Cortina.
Y mientras que algunos funcionarios federales —con una ideología marxista de manual— apuestan a la producción de autoconsumo y de azotea como solución a la carestía de los alimentos, se opta por dejar al garete a todo tipo de productores agropecuarios en la antesala de la tormenta financiera y alimentaria más grande de la historia. El secretario del ramo, Víctor Villalobos, no se puede quedar impasible.
Fibra Uno jala con el AIFA. Pues la nueva es que Fibra UNO, de Max y André El Mann Arazi, está desarrollando en los terrenos aledaños al Aeropuerto Felipe Ángeles (todavía debe la “I” de Internacional) una gran área de bodegas y de servicios ligados al comercio y transporte. Por supuesto, están a la expectativa de que la Federal Aviation Administration de Steve Dickson regrese la Categoría 1 a la autoridad aeronáutica mexicana para, entonces sí, incrementar las operaciones internacionales de carga. El nuevo aeropuerto, a cargo de Isidoro Pastor, tiene capacidad para movilizar 470 mil toneladas anuales de carga y cuenta con 12 recintos fiscalizados en donde, por ejemplo, DHL, que dirige Antonio Arranz, se apresta a operar.
Jerico prepara reforma de ley de turismo. Pues que la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, tras el Parlamento Abierto efectuado en marzo pasado donde hubo 150 propuestas, se apresta a proponer reformas a la Ley Federal del Turismo. Lo positivo de ello es que los integrantes de todos los partidos en la comisión que encabeza el coahuilense Jerico Abramo, coinciden en la necesidad de la certeza jurídica para los viajeros que adquieren servicios en línea y en ampliar los conceptos de seguridad a los hoteleros, restauranteros y demás prestadores de servicios. Un asunto del que ya tiene conocimiento el secretario del ramo, Miguel Torruco.
