Es cosa de tiempo para que el grupo directivo de Altán Redes, que preside Salvador Álvarez, pida audiencia con los comisionados del IFT para que le extiendan por cuatro años su plan para tender red, lo que significará para el instituto que preside Adolfo Cuevas analizar el marco técnico con que se asignó la concesión para usar el espectro de 700mhz y determinar qué tipo de sanciones deberá asumir por incumplimiento que se lleva entre las patas una concesión del Estado.
De mientras, Altán negocia con Prometel, ahora a cargo de Lourdes Coss, la manera de modificar el contrato de la Asociación Público-Privada para prorrogar 4 años el plazo para cumplir el despliegue de su red hasta cubrir 92% de la población del país sin que ello sea una colisión con los planes de la 4T.
Pero por donde se le vea, el modelo de negocio de Altán está muerto: se estima que habrá agregado a cerca de 200 mil usuarios netos más allá de las áreas en donde ya existe servicio celular comercial; y ello significaría que no avanzó más allá de un millón de PoP’s (points of presence) fuera de las redes existentes. Si Altán ha invertido mil millones de dólares en su red y tiene 200 mil clientes efectivos con servicios de operadores virtuales de celular, su flujo de efectivo de 30 pesos en promedio por usuario difícilmente dará siquiera para cubrir los gastos operativos más elementales.
O sea que, de mientras, en lo que llegan mejores tiempos a la empresa, que los costos se cubrirán con deuda o con capital de los socios.
Pero esos “mejores tiempos” resultan irreales en el contexto de la competencia real: a los operadores móviles como Telcel dirigido por Daniel Hajj, Movistar que lleva Camilo Aya y a AT&T encabezada aquí por Mónica Aspe, nunca les interesó contratar radioespectro de un “carrier de carriers” en 700mhz dada su propia disponibilidad de frecuencias. Fue como sí Altán hubiese querido vender refrigeradores a los esquimales.
Y siendo Altán la red sobre la que corre el servicio “Internet para Todos” que ofreció CFE Telecom, a cargo de Manuel Bartlett, no le sorprenda que aparezca un plan de “rescate de soberanía”…, aunque nadie sepa de donde saldrá el dinero para ello.
Cinépolis se ahoga en deuda. Ahora ya no son 1,200 sino 1,400 millones de dólares los que adeudará Cinépolis de Alejandro Ramírez. Ésa es la deuda que asume la cadena de salas cinematográficas para sostener la operación restringida al 30% de sus complejos… algo así como 6 veces más que los 200 millones de dólares de crédito anti-Covid-19 que tomó Cinemex de Germán Larrea para aguantar el cierre de sus locales hasta que las autoridades sanitarias les permitan aforos de 75% cuando menos. ¿Quién salió más avispado?
Subejercicio Coyoacán. Los contratistas de construcción de la alcaldía Coyoacán están más que enojados: con independencia del efecto de la crisis Covid-19, sólo Coyoacán es la única demarcación con más de 400 millones de pesos no ejercidos en obra pública. Se rumora que esto se debe a la falta de operación de la inexperta directora general de obras Cynthia Briseño González, a la presunta interferencia de funcionarios de la SHCP en la disponibilidad de recursos y a su falta de acuerdo con empresarios locales. Esto, es visible, tiene paralizada la alcaldía —que lleva de manera interina Rigoberto Salgado— a sólo unas semanas de las elecciones de refrendo de mitad de sexenio.
Restaurantes Baja. Y la CANIRAC que encabeza Germán González se empeña en la reapertura sanitariamente responsable de los restaurantes en Baja California Sur: en consecuencia, los empresarios del sector restaurantero se reunieron el pasado fin de semana con la aspirante panista a la alcaldía, Lupita Saldaña, quien asumió 16 compromisos para apoyar la reactivación económica en el destino de playa. Y ahí, nos dice, Michel Zermeño, presidente de la mesa directiva de la CANIRAC, enfatizó sobre la relevancia que tiene para la entidad reactivar el sector gastronómico. Vaya, una razón clave por la cual pierde terreno el abanderado de Morena a la gobernatura, Victor Castro.
