La petrolera Shell, que encabeza Ben Van Beurden, manifestó hace algunos años su interés por vender su 50% en la macrorrefinería de Deer Park; ante ello, en junio de 2018 el entonces secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, firmó un acuerdo para extender por otros 10 años la sociedad con Shell y la opción de compra de la totalidad de la sociedad para que Pemex ejerciera su derecho al tanto; un plan defensivo de propiedad y de expansión en Estados Unidos que significa una bocanada de aire fresco en la política energética del actual sexenio.
La comparación que se hace de Deer Park con Dos Bocas no sólo es tosca, sino que además recurre a una simplona estructura argumentativa, pues ignora que si la empresa productiva del Estado, a cargo de Octavio Romero, no ejercía su derecho al tanto, hubiese enfrentado ya fuera al cierre de la propiedad (y pérdida consecuente de valor) o lidiar con un nuevo y desconocido socio.
El valor de la refinería texana es menor que el de Dos Bocas por el simple hecho de la diferencia de tecnología entre una y otra, y porque Deer Park tiene activos amortizados, mientras que la refinería en Tabasco todavía está en proceso de construcción. La refinería texana procesa petróleo crudo pesado que se importa en buena medida de Canadá (podría hacer lo mismo con el Maya pesado) y sus coquizadoras pueden desulfurar el combustóleo que se produce a raudales en las 6 refinerías de México, para así generar combustibles menos contaminantes para venta en EU durante varios años.
La mayor capacidad de refinación en México no sólo abastecerá parte del consumo doméstico (y reducir el fuerte pago, 380 mil millones de dólares anuales, en la importación de gasolina y diésel), sino que permitirá eventualmente exportar hacia centro y Sudamérica, pues el cambio de matriz energética tomará algunas décadas en toda la región, tal y como estima la titular de Sener, Rocío Nahle.
A reserva de conocer más datos de la operación, el modelo de la compra de Deer Park tiene corte neoliberal.
La mala: degradación aérea. El anuncio de la Federal Aviation Administration, que lleva Steve Dickson llevó fuertes señalamientos entrelíneas que afectan al desarrollo de la terminal aérea Felipe Ángeles: 1) hace hincapié en el desorden y desdén del Estado mexicano, representado por la Agencia de Federal Aviación Civil, para garantizar la seguridad de las aeronaves que salen y vienen entre ambos países, por lo que en el plazo que México recupera su Nivel 1, ninguna aerolínea estadounidense se animaría a llegar a la nueva terminal; 2) las aerolíneas de es país, por tanto, no tienen incentivo económico para entrar a nuevos aeropuertos en México sí podrá tomar la creciente demanda de vuelos desde el AICM, Guadalajara, Vallarta, Cancún o Monterrey. Vaya, en el gobierno de EU no se olvida el desdén y descrédito que su principal institución en materia aeronáutica, MITRE a cargo de Bernardo Lisker, recibió desde Palacio Nacional cuando se le acusó de corrupción.
Ante este escenario funesto, Aeroméxico y Volaris, a cargo de Andrés Conesa y Enrique Beltranena, respectivamente (y que operan con los más altos estándares de seguridad), así como el Colegio de Pilotos, al mando de Heriberto Salazar, han dispuesto sus capacidades y habilidades para ayudar al Gobierno mexicano para sacarnos de la tormenta. El golpe está dado.
La mejor: el agro. A pesar de la sequía y el recorte presupuestal a la Sader, el secretario Víctor Villalobos tiene buenas cuentas que rendir: en el tercer trimestre del año, las exportaciones agroalimentarias del país (agropecuarias, pesqueras y agroindustriales) crecieron en términos anualizados 5.30%, al sumar 11 mil 33 millones de dólares. Con ello, la balanza agropecuaria y agroindustrial del país registró superávit de dos mil 827 millones de dólares. En ello destacó el desempeño del sector pesquero (pescados, crustáceos y moluscos), cuyas ventas externas se expandieron 84%.
