Si en julio pasado el Gobierno de Estados Unidos, todavía entonces a cargo de Donald Trump, sospechó que el Gobierno de México actuaba discriminatoriamente contra las empresas de energía de su país, el Gobierno de Joe Biden lo confirmó con el documento del Consejo de Administración de la CFE, correspondiente a los primeros días de enero pasado, donde se planteó un esquema de colaboración con Pemex Transformación Industrial (TRI), a cargo de José Luis Basaldúa, para que les vendiera combustóleo a un precio cercano a cero para generar electricidad.
El documento dice “Con fundamento en el artículo 13, fracciones XXVI de la Ley de Petróleos Mexicanos, el Consejo de Administración autorizó a Pemex Transformación Industrial (Pemex) a suscribir un instrumento que permita en el contexto de colaboración entre Empresas Productivas del Estado y conforme a la política Energética Nacional”.
En la minuta previa a ese consejo, los términos del acuerdo fueron catalogados como información confidencial con el argumento de que “toda vez que forma parte de la estrategia institucional, la cual considera Secreto Comercial e Industrial, ya que permite a Pemex Transformación Industrial obtener o mantener una ventaja competitiva y económica frente a terceros en la realización de actividades económicas”. Los términos confidenciales, nos confían fuentes allegadas a esa sesión, hacen referencia al precio marginal con el que TRI transfiere su excesiva producción de combustóleo a la CFE, de Manuel Bartlett.
La compañía eléctrica aliviaría de esa manera la ineficiente operación de seis refinerías que hoy producen casi la misma de gasolina que de ese combustible pesado, que prácticamente ha perdido todos sus mercados en el mundo. Y de paso los problemas de costos y bajo presupuesto de inversión que padece TRI. Quizá en ese momento pareció una ganga en comparación al costo de desarrollar una infraestructura de almacenamiento de gas natural e invertir en sofisticadas coberturas de ese hidrocarburo.
Sin embargo, ese tipo de colaboración, por soberana que resulte, puede originar acusaciones por dumping ambiental. No sería sorpresa que el Departamento de Energía y el de Comercio de nuestros vecinos, a cargo de Jennifer Granholm y Gina Raimondo, respectivamente, estén por examinar que acciones corresponden.
Accendo, más que minerales. Ayer les conté acerca del acercamiento que el banco dirigido por Javier Reyes ha tenido hacia la industria metalúrgica, al adelantar un crédito de 9 millones de dólares del proyecto aurífero Pinos, y la alianza estratégica con la canadiense Empress Royalty de Alexandra Woodyer. Los metales preciosos son una reserva natural de valor en momentos de crisis como la que atraviesa la economía mundial, pero los minerales industriales con los que usualmente viene asociado en oro (hierro, cobre e incluso plomo) registran un momento afortunado en precios, debido a la recuperación de la actividad industrial en Asia y en menor medida en América del Norte. Así que no se sorprenda que Accendo se convierta en un jugador importante como financiador en dicho sector.
Que no han pagado las Sputnik V. Desde las gélidas tierras rusas nos dicen que el Gobierno de México no ha pagado aún las 22 millones de dosis que Andrés Manuel López Obrador apalabró con Vladimir Putin. Que por ello el Fondo Ruso de Inversión Directa, que dirige Kirill Dmítriyev, y el Instituto Gamaleya están enviando tan reducida cantidad de dosis, 200 mil piezas que estarían siendo donativos en lo que el dinero llega. La trabazón bien puede estar en la subsecretaría de Salud, de Hugo López Gatell, que a través de la anterior administración de Cofepris habría metido freno a dicha compra, incluso las solicitadas por particulares como denunció el empresario Alejandro Cossío. Le toca al nuevo titular de Cofepris, Alejandro Svarch, deshacer ese entuerto.
