Compra chiquita para farmaciota Don Andrés

Finamente el viernes, a tirones y empujones, la Secretaría de Salud se estrenó en su nuevo papel como ejecutor de las compras consolidadas de medicamentos y dispositivos médicos para hospitales y clínicas del sector público…, una compra complementaria para 2024 y con un volumen pequeño que alimentará la farmacia gigante con que Andrés Manuel López Obrador asegura se acabará el desabasto que generó su propia administración: la dependencia que se supone conduce Jorge Alcocer adjudicó 650 millones 369 mil con 48 piezas para un sistema que demanda hasta mil 700 millones de tales productos por año.

El análisis de la compra consolidada LA-12-512-012000991-I-174-2023 por parte del Instituto Farmacéutico México (Inefam), que dirige Enrique Martínez, muestra que se adjudicaron productos a 109 proveedores y a 248 fabricantes por un valor de 12 mil 752.6 millones de pesos, cuando se había convocado a adquirir 702 millones de piezas con un valor convocado por 14,888.8 millones de pesos. En otras palabras, que se subejercieron unos 2,100 millones de pesos ya que se declararon desiertas —sin ofertas que convencieran a los funcionarios públicos— en el 13% de los medicamentos y casi en una cuarta parte (23.3%) de los dispositivos médicos.

O sea, que en la bodegotota adquirida en Huehuetoca no estarán, de momento, todos los medicamentos del mundo mundial. Bueno, han sido tantos los va y vienes del proceso de compra consolidada en este sexenio que Sedena y Semar han optado comprar por su propia cuenta los insumos que requieren para los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, lo realmente importante no es que haya una gran farmacia atiborrada de producto, sino que esos productos se despachen de manera expedita y segura hasta las unidades médicas familiares conforme a la demanda, o sea, de un sistema logístico que, vale señalar, existió hasta 2018. En fin.

Andrea contra la libertad. La diputada federal morenista por Chihuahua, Andrea Chávez, decidido acallar a todos los medios, comunicadores y redes sociales quehablen de ella en un tono que le disguste. Ayer la columna Espectro, de Javier Tejado Dondé, advierte del peligroso antecedente que implica que la legisladora haya usado con éxito la acusación de violencia política de género (VPG) contra Denise Dresser por sus artículos donde se le criticó. El columnista de El Universal también expuso que la denuncia de Chávez es mucho más amplia de lo que ha trascendido públicamente, ya que el expediente CG/1056/PEF70/2023 acusa a todos los periodistas y cibernautas que hubiesen publicado cualquier tema relacionado con sus viajes en aviones ejecutivos y la cercanía que tuvo con el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, en la etapa en que buscaba la nominación del partido oficial a la Presidencia…, y, entre ellos, se acusa a Raymundo Riva Palacio, Carlos Loret, Guadalupe Loaeza, Fernando Belauzarán, Lourdes Mendoza, Verónica Malo, Federico Arreola, Hiroshi Takahashi, Chumel Torres, Nayeli Roldán, Leopoldo Mendivil y, de repaso, a las legisladoras Lily Téllez y Luisa Gutiérrez.

En otras palabras, se trata de una andanada censora de gran alcance, escudada bajo la acusación de VPG, que sienta serios antecedentes para amagar la libertad de expresión. 

Petrus-Mexicana, ¿una alita en el AICM? La semana pasada le informé sobre el fallo en la licitación de lo que fue el hangar de la línea carguera MasAir en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ganada por Peninsula MRO Services, es parte de SAT AeroHoldings…, que es el nuevo nombre de Petrus AeroHolding, que dirige Félix Sánchez, y que tiene el contrato para entregar (sin fecha todavía) 10 Boeing 737-800NG para la nueva Mexicana de Aviación. Hasta el momento, la línea a cargo de Sergio Montaño no ha solicitado slots en el aeropuerto capitalino y, de hacerlo, sólo podría en los horarios no saturados de la madrugada.

Sello Rojo, ni un quinto. La semana pasada se le vio muy orondo a Rubén Masayi González Uyeda en la Expo Transporte y en la reunión del Consejo Directivo de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, quitado de la pena…, aunque en la empresa que encabeza, la Lechera Sello Rojo, sudaban frío ante los litigios que deben solventar con la justicia local. Y es que Rubén, con su hermano Abraham González Uyeda, aunque se jacten de “tener a raya” a la justicia jalisciense, podrían enfrentar en breve causas de índole federal ante las acusaciones de despojo de los derechos accionarios que les acusan diversos familiares, quienes se quejan de que no les han dejado “ni un quinto” pese a tratarse de la tercera productora de leche más grande del país.