Contratos con gobierno, el lado oculto del Plan C

Si realizar obra o ser proveedor de las entidades públicas suele ser difícil en cuanto a la cobranza se refiere, la elección de jueces, magistrados y ministros que exige Andrés Manuel López Obrador coloca un ingrediente adicional de riesgo en los negocios con gobierno: la necesidad de contar, de además con “amigos políticos” para acceder a esos negocios que regularmente son por asignación directa y/o invitación restringida… y un “amigo o amiga” en lo que sería el poder judicial del pueblo para lograr “desatorar” los pagos pendientes.

Vaya, es común que en trabajos donde se tuvieron que hacer aumentos en los costos de ejecución (ya sea porque el diseño original fue deficiente, porque los precios unitarios fueron subestimados, que los “precios por convenio” resultaron irrealmente bajos, y/o encarecimiento de insumos y financiamiento), el contratante pida al contratista que “demande por la vía legal” a la entidad de gobierno a fin de generar un “pasivo contingente presupuestal” para que, cuando convenientemente esa entidad “se deje ganar” en tribunales, se realice un pago. Y todos felices, máxime si hubo “moche” o “comisión” para el funcionario en cuestión.

Pero con la reforma que inició como venganza contra las ministras y ministros que encabeza Norma Piña, pierde sentido ese tipo de arreglo. Bastaría que el funcionario (o sus personeros) en esas lides acuerde con el juez del pueblo a quien le toque resolver el litigio que falle en favor de la entidad pública deudora… o encarecer “el favor” al reclamante.

Abundan las historias de terror de falta y rezago de pagos, desde Pemex hasta el sector salud, pasando por servicios de informática, papelería y un largo etc. Si al habitual riesgo de cobranza los proveedores del gobierno agregan (además de los moches) el costo jurídico para la recuperación de sus recursos invertidos, es predecible que se encarecerán esos bienes y servicios y/o su calidad se verá aún más mermada.

Vulcan, conflicto transexenal. Lo más reciente en el conflicto entre Vulcan Materials, propietaria de la cantera Calica, y el Gobierno de México, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos continúa insistiendo en los riesgos que enfrenta la relación bilateral en caso de que López Obrador declare las 2 mil hectáreas propiedad de la empresa que encabeza Tom Hills como área natural protegida.

Así, los legisladores estadounidenses acusan a México de ignorar el Estado de derecho y de amenazar la presencia de la compañía en el país. El conflicto parece que se trasladará al sexenio de Claudia Sheinbaum, pues hace unos días la nueva titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, acusó que la presencia de Calica en la zona de Punta Venado, Quintana Roo, ha causado daños medioambientales muy graves…, pero omitiendo que en los últimos tres años la propia Semarnat ha dado autorización para nuevas 10 canteras que surten de material al Tren Maya.

Para Bárcena el arbitraje internacional de la compañía por más de 1,500 millones de dólares no es nuevo: desde septiembre del año pasado López le solicitó intervenir con Vulcan para convencerlos de que el pago de 300 millones de dólares por los predios era la cantidad “justa” de acuerdo con un avalúo del INDAABIN. El pleito ahora cambia de estafeta en México y próximamente en Estados Unidos.

El Club de los Aparecidos. Si el Grupo de Contención Auto-Alito hubiese surgido en Halloween habría sido calendáricamente oportuno: puros aparecidos que dejaron pasar todas y cada una de las invectivas que contra el priismo lanzó un día sí y otro también el jefe del Ejecutivo federal. Nadie supo bien a bien donde andaba Dulce María Sauri, Fernando Lerdo de Tejada, José Reyes Baeza, José Encarnación Alfaro y otros que nadaron de a muertito durante todo un sexenio pero que ahora se dicen “salvadores” de Partido Revolucionario Institucional de las “siniestras manos” de Alejandro Moreno Cárdenas.

El PRI, como es sabido, entra a una de sus asambleas más relevantes este fin de semana, donde desde el cambio de nombre y estatutos entra a discusión, así como la designación de dirigentes, todo ello luego del adverso resultado electoral del 2 de junio. Así que no extraña que surjan aquellos que permanecieron en la penumbra y que ahora vayan tras la organización… y tal vez entregarse al morenismo como ya lo hicieron góbers como Omar Fayad de Hidalgo, Alejandro Murat de Oaxaca, Quirino Ordaz Coppel, de Sinaloa; Claudia Ruiz Massieu de Sonora, Carlos Aysa de Campeche, y Carlos Joaquín de Quintana Roo, a quienes ya les perdonaron sus pecadillos.

Sin embargo, parece difícil que Moreno Cárdenas deje a la deriva un partido que, sí o sí, requiere cambiar para no desaparecer.

Suciedad en servicios de limpia. No hay duda: la manifestación de trabajadores de limpieza subcontratados por el Instituto Politécnico Nacional donde algunos de sus integrantes fueron arrollados por un conductor, resultan de la opacidad con que empleados de empresas del sector viven su día a día. Firmas como Limpiacero, Armot Seguridad Privada, Limpieza Jored, Cleanium Limpieza, Distribuidora Yaab, Servicios Integrales Retimar y Servicios Nano Limpieza jamás han cumplido con el registro y afiliación de miles de sus trabajadores al IMSS.