Para destruir la aviación gastan 700 mmdp

Hay que decirlo con claridad: las acciones de contentillo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para desmontar la industria aérea en el país han usado recurso públicos por unos 700 mil millones de pesos, más lo que acumulen eventuales sanciones internacionales y la ya muy distante recuperación de la Categoría 1 por parte de la Federal Aviation Administration que lleva ahora Polly Trottenberg… considerando la reducción unilateral y definitiva de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que ordenó la Agencia Federal de Aviación Civil del general Miguel Ángel Vallín.

A partir de una “visión”, una noche de octubre de 2018, luego de que con su gabinete había acordado seguir con la construcción del NAIM, López Obrador les dijo que decidió cancelar “la obra corrupta de Enrique Peña” y ejecutar su propio proyecto aeroportuario.

La cancelación física costó poco más de 100 mil millones de pesos… pero agregando los juicios contenciosos y sobre todo los intereses y principal de los Bonos MexCat, el costo de esa “visión” sumó 533 mil millones de pesos que acreditó la Auditoría Superior de la Federación… aunque luego al jefe auditor, David Colmenares, “le dio frío” revalidar un costo sigue ahí, absorbiendo los ingresos del AICM para efectuar las obras de recuperación profunda que requiere.

El aeropuerto capitalino estaba programado para cerrarse en 2022 al abrirse simultáneamente el NAIM. La pestilente ruina de las instalaciones del AICM son muestra de ello pese al esfuerzo para contener su decadencia.

Y es que, tras la cancelación del NAIM, ni se solventó el pago de los Bonos MexCat ni se ofreció alivio presupuestal viable para reponer la infraestructura septuagenaria del aeródromo capitalino. Se le han pichicateado unos 6,500 millones de pesos en este sexenio para que no fallezca. Así que los 3,600 millones de pesos que en 2024 eventualmente canalice al AICM la SHCP de Rogelio Ramírez de la O sólo servirán para cuidados paliativos de un moribundo: ese era el monto (sin inflación) que recibía el aeropuerto capitalino en el periodo neoliberal.

Pero en lo que el moribundo muere, muchas cosas graves pueden suceder tanto en el lado aire como en el lado tierra… y la responsabilidad, incluyendo la financiera, recaerá en buena medida (y sin merecerlo) en la Semar del almirante Rafael Ojeda.

Bueno, pero tendrán que ir reclamarle a la AFAC las aerolíneas nacionales como Aeroméxico que dirige Andrés Conesa y Viva Aerobús de Roberto Alcántara, y las agrupadas en Canaero de Diana Olivares y en IATA que representa Cyntia Martínez, pues advierten severos daños en sus esquemas comerciales en marcha y la desconexión que vendrá para viajeros de negocios y placer.

Vaya, la desconexión y un nuevo conflicto con el gobierno de Estados Unidos (dos años sin Categoría 1 ya costó cerca de 45 mil millones de pesos) son parte de ese gasto presidencial que tuvo por finalidad aniquilar el NAIM y que ahora, tras una inversión que con subsidios superará los 106 mil millones de pesos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, derivaría en intentar trasladar por decreto 10 millones de pasajeros anuales desde la Ciudad de México al polígono en Santa Lucía.

La caja registradora sigue sonando.

Se “maman” a la MH. El alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, ya denunció que los recursos que generan los desarrollos inmobiliarios edificados en la demarcación más importante del país no se quedan ahí para mitigar el impacto que provocan estas mega construcciones… sino que van a proyectos ajenos y hasta clientelares en la CDMX. Por ejemplo, denunció que el Fideicomiso de Actuación por Cooperación (SAC) Granadas a cargo del gobierno capitalino, actualmente tiene 34 desarrollos capturados y 9 están pendientes, pero no canaliza un centavo para solventar obra urbana en esa colonia.

Y es que el SAC Granadas es administrado por SEDUVI desde 2015 en un Fideicomiso, misma que succiona por predial unos 4 mil millones de pesos… pero que el gobierno central tomó dinero (100 millones de pesos) de ese fideicomiso para adquirir 13 trolebuses en la ruta Chapultepec-El Rosario, en Azcapotzalco. Una decisión en la que fueron ignorados los ciudadanos que financian el proyecto desde la Miguel Hidalgo.

El reclamo ciudadano y de Tabe es que cuando menos 20% del predial de las construcciones del Fideicomiso Grandas, debe invertirse en infraestructura urbana de esta demarcación como son reencarpetado, iluminación y mantenimiento de áreas verdes.

¿Sí o no?