En julio pasado se presentó una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera, al mando de Santiago Nieto, contra la directora de la Entidad Mexicana de Acreditación, María Isabel López Martínez, señalada de acciones equiparables a lavado de dinero, elusión y evasión fiscal junto con buena parte de su equipo y a diversos exfuncionarios de la extinta Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) al controlar el monopolio privado en la emisión de licencias para certificar las Normas Oficiales Mexicanas.
Es decir, se acusa que un ente privado tenga el control sobre un bien público como es el cumplimiento de normas establecidas por el Estado mexicano. El señalamiento hecho ante la UIF acota que, pese a dar un servicio de esa naturaleza, la EMA mantiene absoluta secrecía sobre sus ingresos, provenientes de “palomear” prácticamente toda empresa de bienes y/o servicios tiene que pasar —a través de certificadores autorizados— por sus muy elegantes oficinas. Y, por supuesto, la secrecía se mantiene sobre los gastos de dicha entidad que, se notificó a la autoridad investigadora, financian continuos y largos viajes internacionales de su directora y parte de su equipo.
Vale recordar que la EMA nació de un oficio emitido hace 23 años por el entonces titular de la Secofi, Herminio Blanco, le extendió una suerte de patente de corso para emitir cualquier tipo de licencias a las empresas certificadoras de Normas Oficiales Mexicanas y de Metrología. Cualquier bien o servicio que tenga que cumplir con una NOM y medidas reguladas (kilos, metros, watts, litros, etc.) necesita ser verificado por un experto… experto que requiere forzosamente recibir la venia de la EMA.
Es sabido ahora que la UIF tiene información de que la EMA mantiene en la opacidad sus cuentas; y el financiamiento a sus actividades, se indaga, respondería a prácticas fiscales de simulación de pagos asimilados a salarios con la finalidad de obtener efectivo y simular pago a proveedores.
En esa red que se señala de monopólica, se menciona que participan exfuncionarios de la Secofi y luego Secretaría de Economía como la exsubsecretaria de Economía María del Rocío Ruiz Chávez; la extitular de Profeco María Eugenia Bracho; y el exdirector de normas, Alberto Ulises Esteba Marina.
Ojo, también el equipo de EMA esta bajo el foco de la UIF, entre ellos Mario Gorena, presidente; el vicepresidente José de Jesús Rodríguez, así como Octavio García, Francisco Martha y Mauricio García.
Tome nota.
Banco del Bienestar, sin soporte técnico. Parece que le metieron gol al personal que realiza las compras para equipar las sucursales del Banco del Bienestar que lleva Diana Álvarez: le vendieron equipo de cómputo sin garantía de soporte técnico. Recientemente se licitó la adquisición de bienes informáticos en la que ganó una empresa sin trayectoria relevante con precios unitarios de 15 mil pesos (con un total de 171 millones de pesos) cuando había cuando menos otras tres propuestas más económicas con mejores marcas. Lo malo será cuando los equipos fallen y tengan que repararse y el servicio falle para los beneficiarios de los programas sociales de la dependencia a cargo de Javier May. Habrá que estar a las vivas para que no les den gato por liebre… como cuando la firma VivColmex les vendió 8 mil cajeros automáticos a la que le adjudicaron de manera directa un contrato por 10 mil millones de pesos que luego se canceló por el cúmulo de irregularidades detectadas por la ASF, de David Colmenares.
IQSEC, ciberseguridad a lo seguro. La aparición de la pandemia de Covid-19 aceleró la tecnología Fintech, un cúmulo de empresas que ahora tienen el reto de ofrecer un sistema de validación de identidad digital, empezando por el uso de datos biométricos conectados a procesos automatizados ligados al Internet de las Cosas. En este marco la única firma que provee un servicio de identidad digital con prueba de vida que dan cumplimiento a las regulaciones es IQSEC, cuya solución busca combatir el robo de identidad mediante la verificación de datos contenidos en documentos oficiales como el INE.
