Empezó extraño y termina aún más. El examen convocado para la madrugada del viernes primero de diciembre en el Campo Militar Número Uno derivó que en julio pasado se hackearon el examen del área de sistemas de la Agencia Nacional de Aduanas de México —del cual se rumoró se vendía “debajo del agua”— por lo cual oportunamente se aplazó el procedimiento a fin de evitar controversias legales; luego se convocó el 27 de noviembre a celebrarlo la semana pasada por el organismo a cargo del general André Foullon, en cuyas bases estableció que sólo aprobarían quienes obtuvieran 80% de aciertos… pero ayer, en el Diario Oficial de la Federación, se notificó que con 60% —de panzazo— los examinados serán también aprobados.
En el ínter de julio a comienzos de diciembre pasaron varias cosas, pero se puede sintetizar en que el reciente examen (en formato de opción múltiple) sólo fue aprobado por 8 de mil participantes…, y el plan de la ANAM era otorgar cuando menos 100 nuevas patentes para empezar a ampliar un negocio que está concentrado en no más de 825 agentes aduanales que administran —ahí pobremente— más de 21 millones de operaciones de comercio exterior al año. Es decir, al obtener un pobre resultado de “aprobado” de un examen que constó de 100 preguntas y diseñado para durar dos horas, la autoridad aduanera decidió hacer una rebaja en la calificación a 60%.
Pero ello no quiere decir que los 992 que reprobaron al no lograr el 80% no reúnan los conocimientos suficientes. Habrá que confirmar si, como testigos narran, personas altamente capacitadas en manejo aduanal reprobaron… mientras que los 8 “ganadores” terminaron el examen en una hora y, sobre todo, por qué.
La caja fuerte y el token. El general Foullon aseguró que no habría fuga de información y, ante los desmañanados asistentes (muchos llegaron al Campo Militar Número 1 desde las 4 de la mañana, y luego fueron internados en unidades militares hasta las instalaciones, sin contar con dispositivos electrónicos, pulseras, anillos, o plumas) abrió una caja fuerte de la cual se extrajo el token que se instaló en el sistema informático, conteniendo 800 preguntas que se aseguró se mezclarían aleatoriamente para que cada participante tuviera una prueba irrepetible.
Pero dicen varios participantes que el examen fue el mismo y que las preguntas —elaboradas por un grupo interdisciplinario de 18 personas— versaron de temas diferentes a la operación aduanal, que abordaron temas sobre capítulos del T-MEC, y que sin contar herramientas de trabajo se les preguntó cuál era la clave arancelaria —para hacer el cálculo correcto de la tarifa de importación— de productos como la vacuna Covid-19…, o sea que tenían que saberse de memoria más de 7 mil fracciones arancelarias.
El descontento empezó a desbordar entre los reprobados que no sólo perdían 12 mil pesos de costo de examen, sino la honra de ser expertos en comercio exterior y salir tundidos. Algunas asociaciones expertas en colocar amparos contra la ANAM, como el Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado, que preside Juan Cisneros, solicitaron a Andrés Manuel López Obrador se repitiera el examen.
Pero además, organizaciones de mayor calado, como la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, que preside John Kolter, reclamaron un nuevo examen con la supervisión suficiente para evitar “malas prácticas” y apegado a la realidad profesional del comercio exterior.
Por ello, es probable que, para evitar que ese descontento derive en amparos y un pleito previo a la revisión del T-MEC, se haya decidido dejar pasar aquellos que dieron positivo a 60% de las preguntas, y ahí muere.
Corridas de toros, actividad legal. Un acierto en la defensa de los derechos de particulares es la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza Norma Piña, de validar por unanimidad la tesis de la ministra Yasmín Esquivel de resarcir los derechos de las personas y entidades que participan en las corridas de toros. Quien esto escribe no es asiduo a las corridas (la última a la que asistí fue con Mario Delgado hace más de 15 años) pero reconoce los elementos musicales, parafernalia y rito que constituyen una entidad cultural que, ciertamente, infringe dolor a un toro de lidia criado ex profeso para un sacrificio ceremonial.
Los grupos defensores de animales, evidentemente, están en contra de la resolución judicial. También hay oportunismo político, como el del PVEM, en voz de Jesús Sesma, que se rompe las vestiduras pero que votó a favor de una Ley de Industria Eléctrica favorable a la quema de combustóleo.
Lo más relevante del caso es que la SCJN demostró que la denuncia de los quejosos no se cumplió los requisitos del artículo 131 de la Ley de Amparo, ya que en ningún momento acreditaron un daño inminente o irreparable que resentiría en caso de que se le negara la suspensión, y menos aún demostró el interés social que justifique el cancelar las corridas en la CDMX.
