Nadie duda de la importancia de hacer una revisión a fondo y exhaustiva del sistema de impartición de justicia, algo muy diferente al intento de suprimir los contrapesos institucionales de la República. Una revisión exhaustiva evitaría lo que hoy sucede en el caso de Arturo Gómez Lara, propietario de EON Energy, quien ha sido víctima del juez José Samuel Borrego Rodríguez y del Ministerio Público Eduardo Nakasima Martínez que en Torreón manipularon el proceso para encarcelar al empresario sin pruebas.
Y es que, como aquí ya se comentó, Borrego y Nakasima abrieron una investigación y giraron una orden de aprehensión en mayo de 2023 contra Gómez Lara sin que hubiera un sólo elemento que lo vinculara con los demandantes Salomón y Nesim Issa Tafich, dueños de Generación Industrial, parte del coahuilense Grupo SIMSA, que por cierto estaría bajo investigación por prácticas monopólicas y posibles actos “chuecos” en la recepción de permisos para comercialización de hidrocarburos.
La forma en que un pleito mercantil derivó a una acusación penal, tiene un inconfundible tufo a venganza de los propietarios de SIMSA contra el jefe de EON Energy.
Vaya, el sistema de justicia de Coahuila, que preside Miguel Felipe Mery Ayup —de quien se dice tiene vínculos de negocios con los Issa Tafich—, ha opacado al impedir que se desarrollen adecuadamente los protocolos legales… como el hecho de evitar que los oficiales a los que supuestamente el imputado quiso sobornar acudieran a una audiencia para ser entrevistados.
Y bueno, el ministerio público Nakasima desobedeció en dos ocasiones los llamados a audiencia luego de que un peritaje realizado por la SCJN, que encabeza Norma Piña, determinara la falsificación de la declaración de estos oficiales para mantener a Gómez Lara en la cárcel.
En momentos en que se busca defender la integridad de los jueces, ministros y magistrados, este tipo de acciones en Torreón constituyen un contrasentido y dañan fuertemente la lucha por mantener la independencia del Poder Judicial.
TelevisaUnivision condenan la violencia. Apenas ayer le comenté del fenómeno sociodigital que representa la edición 2024 de “La Casa de los Famosos”, que ha generado casi 129 millones de votos en la singular combinación de un contenido que ha capturado la atención de millones de espectadores de televisión abierta y de plataformas digitales y que, a través de redes sociales, genera una interactividad constante que ha derivado, por ejemplo, en 13 mil millones de vistas de video y comentarios.
Gústele a quien le guste, en el afamado reality existen reglas que un presunto comediante, Adrián Marcelo, generó un creciente ambiente tóxico con violencia psicológica y de género al punto que fue expulsado del espacio donde se efectúa el evento.
La expulsión de dicho influencer ni fue pose “políticamente correcta” de la compañía, que encabeza Wade Davis, y que conducen Alfonso Angoitia y Bernardo Gómez, sino un acto sostenido por un enfoque ético que se ha expresado en producciones como “Caníbal” y “Ellas Soy Yo”, que condenaron y exhibieron conductas que, comenzando como “aceptables”, derivaron en actos inadmisibles en lo ético y lo legal. Igualmente, los noticieros N+ transmiten sin cesar notas para prevenir y sancionar cualquier tipo de violencia, siendo también la voz de las víctimas y sus familiares que exigen justicia.
El compromiso que hizo público ayer TelevisaUnivision es que trabajará con EndemolShine Boomdog para mejorar su contenido conforme a la válida preocupación de las audiencias.
Monreal se amparó en Poder Judicial vs. Sansores. El diputado Ricardo Monreal, que acuñó el calificativo de la “Dictadura de la Toga y El Birrete” como parte de la narrativa política que justifica el sometimiento del Poder Judicial, pidió protección al poder que dice aborrecer frente a los señalamientos públicos (incluidas redes sociales) que en su contra lanzó la gobernadora de Campeche y también morenista Layda Sansores San Román a través de YouTube, Twitter (@LaydaSansores), Facebook y en el programa oficial “Martes del Jaguar”… conflicto que estudiará para ser resuelto finalmente por la ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
Así lo indica la evolución del amparo en revisión 673/2024 donde el zacatecano expone que sus dichos fueron manipulados, editados y tergiversados; además de que se mantiene la publicación digital de los mismos.
Previo a ello, Monreal obtuvo un amparo indirecto en un juzgado de distrito donde la “Dictadura de la Toga y el Birrete” le dio la razón por transgresión a sus derechos a la privacidad, al honor y a la dignidad, así como la presunción de inocencia dado que los dichos de la campechana no fueron objetivos ni imparciales, amén de ser emitidos sin las facultades o atribuciones legales correspondientes y fuera de los derechos a la libre expresión del artículo 6º de la Constitución que el oficialismo pretende extirpar.
Obvio que Sansores San Román combatió la sentencia con un recurso de revisión argumentando que sólo ejerció su libertad de expresión al difundir interés público y que no actuó con real malicia.
Pero dada la relevancia de un tema como la colisión entre los derechos a la información y el derecho al honor, el asunto fue atraído por unanimidad de todos los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia a petición del tribunal de distrito.
Ahora, una muy letrada ministra de origen neoleonés, Ríos Farjat, dará la pauta que apegada a la Carta Magna resolverá un conflicto que a todos afecta. Vaya, para ser “una Dictadura de Toga y Birrete”, el Poder Judicial ha llevado con imparcialidad el caso Monreal-Sansores.
