Quién lo hubiera dicho, pero el esquema para la compra consolidada de medicamentos para el sector público, a través de la Oficialía Mayor de Hacienda a cargo de Thalía Lagunas, encareció los productos en alrededor de 30%, pero también se encareció el servicio de distribución que se adquirió por separado conforme al nuevo modelo que se construyó con el propósito de reducir costos y “combatir la corrupción”.
Esto se debió básicamente a que el proceso de compra culminado el 24 de diciembre pasado (E4) resultó tan atropellada (por lo atropellada que resultó la de Verano 2020) que de los 2,100 millones de piezas requeridas, sólo mil millones se hicieron a través de licitación… mientras que 800 millones se estima se han adquirido en negociación directa y probablemente sea igual para los otros 300 millones de piezas debido a la emergencia sanitaria por Covid-19. Es decir, 62% se habrá adquirido a través de unos 5,300 procedimientos —de un total de 6 mil— de asignación directa con precios en promedio 30% arriba de lo que habría resultado mediante una licitación abierta.
Es imposible omitir que la fallida (y más cara) metodología de compras fue avalada por el subsecretario Hugo López-Gatell. Y es una de las razones concretas por las cuales renunció la subsecretaria de integración, Asa Cristina Laurell, pues implica un golpe económico a la expansión del sistema nacional de salud.
El tiro por la culata. Pero también salió el tiro por la culata al separarse el suministro de la distribución de medicinas: de acuerdo al INEFAM, que encabeza Juan Carlos Ferreyra y dirige Enrique Martínez, el costo para 344 claves en los fallos LP1.E82, fue de 344.1 millones de pesos, es decir 8.93% del costo de los medicamentos, pero se eleva al 10.36% al agregarse 55.1 millones de pesos por IVA por ese servicio. Se trata de porcentaje de costo notablemente mayor al de la compra consolidada (entre 7.5% y 8%) noviembre de 2018 que todavía orquestó el IMSS, a cargo entonces de Tuffic Miguel.
Y considerando la presión al sistema de salud por la pandemia, pero también el desorden y falta de liderazgo del Insabi, a cargo de Juan Ferrer, es muy probable que se presenten igual tipo de presiones en el proceso de compra que se pretende iniciar la primera quincena de agosto… o sea en un mes.
Reestructuran “herencia” de Ivonne. Si usted conoce el Museo del Mundo Maya en Mérida, Yucatán, no tendrá duda sobre su belleza y trascendencia. Lo que a lo mejor usted no vio fue el enorme costo financiero que Ivonne Ortega dejó clavado a la entidad al contratar un Proyecto de Prestación de Servicios con La Peninsular y Banorte que, al elevar año con año el monto del contrato conforme a la inflación, amenazaba con cobrar una deuda de 6,415 millones de pesos a 20 años por una obra que costó 800 millones de pesos. Así que el actual gobierno de Mauricio Vila entró a una ardua renegociación de ese PPS para hacer pagos por anticipados y permitir un ahorro inmediato de 1,500 millones de pesos a las finanzas yucatecas. La constructora y el banco que preside Carlos Hank González apoyaron la flexibilización de ese PPS.
