El jueves próximo la Secretaría de Salud, a cargo de David Kershenobich, empezará los estudios de mercado para aplicar un modelo de compra consolidada de medicamentos, material médico y equipamiento para el sector público, con la finalidad de evitar y abatir el desbasto registrado a lo largo de los pasados 6 años… retornando al racional esquema de licitaciones públicas internacionales para laboratorios fabricantes y al parecer también de distribuidores que agrupan los pedimentos y entregan hasta remotas clínicas y hospitales especializados.
Conforme a los oficios girados el 22 de octubre pasado por la nueva responsable encargada de administración y finanzas de Birmex, Emma Luz López, el monto estimado de las adquisiciones para suministro del 2025 ascendería a 130 mil millones de pesos. Luego de los estudios de mercado (para encontrar precios de referencia sobre los cuales, por volumen y tiempos de entrega, como sucedió entre 2005 a 2018) se plantea revisar la convocatoria el 19 de noviembre; realizar juntas de aclaraciones el 26 del mismo mes; la presentación y apertura de ofertas se realizaría el 10 de diciembre próximo; se definen ganadores el día 19 y se firman contratos a partir del día 3 de enero de 2025.
Si bien el orden del proceso es instruido por Birmex, la coordinación del proceso, revisión de ofertas y decisiones de fallos corresponden a la Secretaría de Salud, recayendo tan grande responsabilidad en el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark.
Una situación nada sencilla dado el patente desabasto (que al cierre de este año llegaría al 30% promedio nacional). Vaya, aún siendo exitoso el procedimiento consolidado que se apoyará en la tecnología de la información para procesar millones de datos, las fechas de entrega por parte de ganadores del concurso dependerá de los tiempos de fabricación del medicamento.
Es importante apuntar que hasta ahora las instrucciones oficiales no limitan la participación de laboratorios o de distribuidores especializados… como sucedió en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que desde la conducción de Raquel Buenrostro como Oficial Mayor de Hacienda hasta el reventadero que implicó la quiebra del Insabi, de Juan Ferrer, y Megafarmaciototota del Bienestar, los laboratorios nacionales y empresas de operación logística médica fueron acusadas —sin mediar denuncia alguna— de “monopólicas” o “corruptas” desde el púlpito presidencial.
La discriminación y segregación que el obradorismo hizo de empresas privadas con experiencia y certificación, permitió la aparición de 1,500 intermediarios que vendieron “de emergencia” medicamentos hasta 7 veces más caro que el precio de referencia y, al parecer, en diversos casos, sin constancia de que hayan sido entregados.
Habrá que esperar pormenores de cómo se instrumentará el modelo de compras consolidadas.
Oficial: Rosario Robles, exonerada. Una de las perseguidas políticas del obradorismo, la exjefa de gobierno de la CDMX por el PRD y secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, quedó exonerada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza Norma Piña, a partir del amparo directo en revisión 4419/2024 cuya resolución fue planteada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Recordarán que Robles fue procesada por el delito de ejercicio indebido del servicio público (la llamada Estafa Maestra), previsto en el Código Penal Federal. Ella solicitó al Juez de Control el sobreseimiento de la causa penal en atención a una sentencia de amparo.
Sin embargo, la Suprema Corte determinó que el Juez de Control —el fiel obradorista Felipe de Jesús Delgadillo Padierna— realizó una interpretación del artículo 109 de la Constitución y decretó el sobreseimiento total de la causa penal, considerando que los hechos materia del delito eran sancionables en la materia administrativa, dado que el delito se replicó en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
En contra de esa determinación se inconformaron el Ministerio Público de la Federación y la Auditoría Superior de la Federación (ASF); pero la resolución de Delgadillo Padierna fue confirmada. La ASF promovió juicio de amparo, el cual fue negado. Por tal motivo, acudió a la Corte para solicitar la revisión de esa negativa.
La Primer Sala de la Corte desechó el asunto porque no contenía un tema de constitucionalidad, sino solamente de legalidad pues la autoridad sólo cuestionó la aplicación de la ley administrativa por ser la que se determinó más favorable Robles Berlanga… y ello derivó en el sobreseimiento de la causa penal seguida en su contra.
Además, se advierte que en el amparo le fueron respondidos a la ASF sus argumentos sin la necesidad de desentrañar algún artículo de la Constitución; y que por ello no hay tema competencia de la Corte.
Debido proceso, pues, seguramente extrañaremos el profesionalismo de este tipo de sentencias.
Cofece; indulgencias tardías. En su intensión —muy tardía— para mostrar que son útiles a los ciudadanos y que no se los vaya a despachar el “Plan C”, el pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, que encabeza Andrea Marván, busca sancionar con 2,300 millones de pesos en la primera acción colectiva de su historia (muy conveniente en medio del naufragio) a Casa Marzam, Casa Saba, Fármacos Nacionales y a la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana por coludirse en fijar precios en medicamentos que los consumidores requerían… ¡pero que requerían dado el más grave desabasto en clínicas y hospitales del públicos de la historia!
En el colmo de la petición de indulgencias Cofece dice que el dinero recabado será para apoyar al sector público de salud, el mismo que abandonó a sus enfermos 6 años.
