Hace tres días que Andrés Manuel López Obrador (el mismo día que aseguró que sólo su peluquero le tomaba el pelo) ordenó que los calentadores de tabaco —al igual que los vapeadores para consumir ésa u otras sustancias — serían prohibidos…, y nada, nada se publicó como decreto en el Diario Oficial de la Federación por lo que sigue abierta la libre importación de los calentadores de tabaco de Philip Morris International por ser la firma autorizada por la Secretaría de Economía para introducirlos legalmente a México.
O sea que Philip Morris, a cargo de Andzej Dabrowski, habría tenido 6 meses para llenar sus almacenes de calentador exclusivo IQOS; y si almacenó hasta el tope esos dispositivos, tendrá para sí el mercado de 1.5 millones de clientes cautivos que optaron dejar el cigarrillo, pero que consumen nicotina. Un poco de cronología servirá para entender ese monopolio.
El pasado 19 de febrero, bajo el auspicio prohibicionista del subsecretario Hugo López-Gatell, se canceló a través del Diario Oficial la importación de toda forma de cigarros electrónicos y las empresas importadoras se habrían dedicado a vaciar sus bodegas… pero mágicamente el pasado 16 de julio, también en el mismo diario, la Secretaría de Economía, de Tatiana Clouthier, publicó un decreto presidencial para sólo permitir la importación de calentadores —que únicamente surte Philip Morris— y manteniendo la prohibición de vapeadores. El decreto fue firmado por López Obrador y todavía secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Para que no crean que es una cortina de humo, aquí la liga: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5624225&fecha=16/07/2021
Y bueno, el martes pasado, otra vez inquirido sobre la permisividad a los dispositivos IQOS, López Obrador aseguró que se prohibirían… pero el Diario Oficial no publicó nadita. Muy extraño, no suena coherente con el estilo presidencial de acciones ejecutivas y rápidas. No suena lógico… y si no suena lógico, suena metálico, diría el primer mandatario.
¡Qué se nos olvida el Plano de Obstáculos! En la reunión del pasado martes con los representantes de aerolíneas para explicar las rutas y gradientes de aterrizaje y despegue en la Terminal Aérea de Santa Lucía, una de las observaciones más críticas provino de la IATA, que representa Cuitláhuac Gutiérrez, porque no se presentó el llamado Plano Vertical de Obstáculos que no es otra cosa que el estudio de “corte vertical” para detectar cuáles son las edificaciones, árboles, antenas, o cerros o montañas en torno a la obra que coordina el general Gustavo Vallejo que requieran algún procedimiento para ser evadidos por los aviones. Pequeño detalle: conforme al Manual de Planificación de Aeropuertos establecido por la OACI —autoridad aeronáutica mundial por excelencia— dicho plano se realiza previamente a la construcción de cualquier aeropuerto, no después.
En su capítulo 5 dice a la letra: “5.5.2.- El Anexo 14 y los Procedimientos para los servicios de navegación aérea - Operación de aeronaves contienen información detallada sobre los procedimientos de espera y de aproximación para el aterrizaje y los sistemas y ayudas de aproximación por instrumentos - procedimientos y franqueamiento de obstáculos. 5.5.3.- El espacio aéreo apropiado es tan importante para el funcionamiento eficaz de un aeropuerto, que exige particular atención para cerciorarse de que cada emplazamiento satisface las condiciones a este respecto y, en caso contrario, para determinar la magnitud de cualquier restricción y sus probables efectos”.
¡Pum!
Cofece: Windstar en el radar. El anuncio hecho por la Comisión de Competencia Económica -que lleva Alejandra Palacios- sobre prácticas monopólicas en la importación, almacenamiento y distribución de combustibles al parecer tiene un destinatario: se trataría de Windstar de Marcos y Miguel Zaragoza Fuentes, empresa reportada por la Profeco de Ricardo Sheffield como una de las que mantiene mayores precios al consumidor en el noreste del país. Hay quienes interpretan que la investigación iría contra Pemex al mando de Octavio Romero, pero esa versión se debilita dado el estamento que como empresa productiva del estado posee la petrolera: aún en su carácter de agente económico preponderante, su obligación constitucional es mantener el suministro suficiente de energéticos.
