Las empresas que venden equipo de captura biométrica de datos se frotan las manos: hasta 1,200 millones de dólares podrían vender en hardware a las firmas de telefonía móvil y más de 1,000 millones de pesos al IFT en los próximos 10 años…, aunque el Padrón de Usuarios de celular está lejos de solucionar el problema del secuestro, la extorsión telefónica y otros cibercrímenes como lo propuso la Secretaría de Seguridad Pública en los tiempos de Alfonso Durazo, pero abre peligrosas grietas en el manejo, traslado y confinamiento de datos personales altamente sensibles.
Como aquí se signó, la senadora panista Xóchitl Gálvez exhibió las modificaciones a la iniciativa original para crear dicho padrón: la enviada por Mario Delgado (cuando era líder de la bancada de diputados morenistas) no incluía captura de datos biométricos, pero a solicitud del comisionado del IFT, Sóstenes Díaz, se incorporó dicha acción. Días previos a la aprobación de la Ley que fundamenta dicho padrón, se sabe que algunas empresas enviaron cartas de presentación al IFT para sugerir sus servicios de gestión y almacenamiento de datos.
La nueva ley pretende atajar el uso malicioso de celulares, en especial los de prepago (recargas) que fácilmente pueden cambiar de número mediante un cambio de “chip”. Hoy suman casi 104 millones de líneas en prepago (85% del total) y que conforman el mercado por el cual suspiran tres de las empresas más conocidas en México para la captura de biométricos.
La más famosa aquí —y muy en el mundo— es ZKTeco, que lidera Jaimin Shah; también está Ingressio, que aquí lleva Humberto López, y cuyo servicio de manejo de datos en la nube habrían sido ofertados a ciertas áreas del Gobierno mexicano; también SmartMatic, del venezolano Antonio Mugica, que además de dichos equipos se enfoca a la organización de elecciones por medios electrónicos.
Pero por gordo que sea el negocio, sólo una muy robusta línea dedicada de datos garantizaría que la información personal de un teléfono de prepago —capturada en una tienda de conveniencia— no sea hurtada hasta que llegue al IFT. Ya le seguiré platicando de un buen propósito que pavimenta el camino al infierno.
Alonso, libre… y lo pagó AHMSA. El empresario Alonso Ancira venderá la totalidad de sus acciones en Altos Hornos de México. Los tomará a plazo el aún ignoto grupo de inversionistas encabezado por Julio César Villarreal, quienes pagarán alrededor de 500 millones de dólares y tomarán la obligación sobre nuevos pasivos y compromisos de reinversión para reactivar una empresa que trabaja a sólo 30% de su capacidad, pese al gran momento de precios del acero. Ancira deja el Reclusorio Norte por el acuerdo en el que AHMSA pagará 216 millones de dólares a Pemex en tres anualidades más intereses en compensación a la venta de Agronitrogenados en 2013 a la empresa productiva del Estado dirigida entonces por Emilio Lozoya. El juez José Artemio Zúñiga recibió el acuerdo AHMSA-Pemex por el cual la FGR, de Alejandro Gertz, se desiste de las acciones sobre Ancira… quien no pagó de su peculio dicha reparación, misma que sale de AHMSA. En la acerera se queda la familia de Xavier Autrey como socios del grupo Villacero.
Italika&delivery. La creciente entrega de alimentos y consumibles a domicilio explica el auge del delivery en México…, pero también del mercado de las motocicletas. El portal especializado Safeshopping, que junto con la expansión de Rappi, Uber Eats o Didi Foods, viene la expansión de los medios de movilización: la marca Italika, al mando de Alberto Tanus, aumentó 6% anual sus ventas al comercializar 648 mil 713 unidades con cilindrada de hasta 175 centímetros cúbicos, el volumen más alto que reporta Inegi desde 2013.
Black&Decker Sonora. Esta semana la firma de herramientas Stanley Black&Decker, que representa Elías Barrios, inicia la construcción de su planta en Sonora en la que invertirá 1,060 millones de pesos y donde trabajarán 1,800 personas de manera directa. La recuperación económica en dicha entidad es clara y firme tanto en empleo, inversión y consumo, lo cual responde en buena medida a las decisiones de política de estímulo productivo generadas por el gobierno de Claudia Pavlovich.
