Por contradictorio que resulte –y por común que sea bajo la actual administración federal–, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, se niega a que los representantes comunes de 229 sobrecargos jubilados de Mexicana de Aviación puedan ser recibidos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador con el fin de expresar con claridad sus demandas y exigir se cumpla el laudo laboral que les otorga prioridad en el pago de pensiones caídas con la venta de la marca y otros activos de la extinta aerolínea..., pues tienen que enfrentar al abogado Arturo Alcalde Justiniani –padre de la titular de la dependencia–, quien se opone a su causa.
López Obrador ha reclamado al grupo de sobrecargos jubilados que renuncien a sus derechos, a ese laudo que les da prioridad en el proceso de reparto de los dineros obtenidos por la venta (o por subsidio federal), para así utilizar la marca Mexicana de Aviación para la aerolínea gubernamental y operada por la Defensa Nacional, que se planea poner en marcha dentro de seis meses; como esos jubilados no pretenden ceder sus derechos, han sido tildados desde Palacio de estar manipulados por abogados oportunistas… y que si por ellos no se pueden comprar la marca, pues entonces se le pondrá otro nombre a la aerolínea del bienestar.
Y he aquí el quid del entuerto: Alcalde Justiniani representa al grupo de pilotos jubilados de Mexicana que también están reclamando tomar parte de lo que se pueda obtener de las ventas de activos autorizadas por el síndico Alfonso Ascencio Triujeque. Y no son poca cosa: además de la marca y el membrete, restan algunos edificios en Guadalajara y la Ciudad de México que pueden ser significativamente valiosos para resarcir a los afectados por la quiebra que, dolosamente, orquestó hace más de una década el entonces presidente de la aerolínea, Gastón Azcárraga.
Con seguridad, los pilotos jubilados tienen razón en exigir ser resarcidos por el abuso del que fueron objeto, pero una injusticia no puede resolverse con otra, como la que se le pretende aplicar a los sobrecargos que representan Iván Enríquez, Cecilia Bertrand, María del Pilar Rodríguez y Roberto Castro. Y menos haciendo uso del influyentismo, ese que también se dice que ya no existe.
Parece que, como otros asuntos, la solución laboral a todos los extrabajadores de Mexicana será otra de las tantas promesas incumplidas por la 4T.
Opex, articulador petrolero. Este fin de semana concluyó la 17 edición del Congreso Mexicano de Petróleo en Campeche. Casi tres mil asistentes, entre empresas nacionales e internacionales, funcionarios de Gobierno, académicos, estudiantes y especialistas en la industria de petróleo y gas, intercambiaron experiencias y mejores prácticas.
Si en algo hay una coincidencia es en el objetivo propuesto de no sólo frenar el deterioro de explotación en yacimientos maduros, sino también de aumentar la capacidad a través de nuevos depósitos. Y aunque la meta de perforar un pozo diario puede ser controvertida, pues no todos los pozos son exitosos, marca una pauta para que todas las compañías operen en el mismo sentido. Empresas del calibre de SLB, Halliburton, Wheatherford y Baker Hughes trabajan no sólo con Pemex de Octavio Romero, sino también con otras empresas que son integradoras de servicios como Opex, que lleva César Granados, y que forman parte de un joint venture entre CME de Alfredo Miguel Bejos y la noruega Borr Drilling.
Nearshoring, CCE, agenda pendiente. La semana pasada, desde los consejeros de BBVA México, que encabeza Jaime Serra Puche, el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales que dirige Alberto de la Fuente, la American Chamber presidida por Daniel Baima y el Consejo Coordinador Empresarial que lleva Francisco Cervantes, insistieron en los mismos puntos necesarios a cumplir dentro de la agenda de política pública para que el país logre el mayor rendimiento posible de la relocalización de cadenas de producción e inversión de Asia hacia América.
Siendo México el vecino territorial y con ventajas de costo laboral y de tierra ante EU y Canadá, sería natural que México fuera el paraíso del nearshoring, pero no lo es por falta de certidumbre jurídica de las inversiones, el respeto al T-MEC y su continuidad a largo plazo, energía eléctrica, agua, infraestructura, desarrollo del talento humano y carencias para estimular el arranque oportuno de las empresas.
El CCE dio un primer paso relevante para coordinar acciones locales favorables al nearshoring al reunir el viernes a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila; Chihuahua, Maru Campos; Nuevo León, Samuel García; Sonora, Alfonso Durazo, y Tamaulipas, Américo Villarreal.
La próxima reunión toca el turno a Sonora. El mundo no va a esperar a nadie en su reconformación económica y política, el tiempo apremia.
