Lejos del glamour de las siglas ambientalistas, lejos de la pose facilona de “opositor al mal gobierno”, pero muy cerca de centurias de marginación y necesidad, el Comité de Pueblos Originarios Pro Defensa del Tren Maya demandó la semana pasada a la juez Gisell Rodríguez Flebes quien ordenó suspender en definitiva la obra en Calakmul ignorando el parecer a favor del proyecto expresado por 29 mil indígenas pero, eso sí, avalando la opinión negativa de 19 sujetos que ni siquiera viven ahí.
En medio de la guerra de los videos, el respaldo al Tren Maya por parte de 69 comunidades con integrantes de las etnias ch’ol, tzotzil y tseltalon pasó a segundo término porque en lugar de oponerse al gobierno —como lo hizo una fantasmagórica guerrilla en Ocozingo, Chiapas— dicho Comité está en favor del proyecto encomendado a Fonatur, a cargo de Rogelio Jiménez Pons, por dos simples y poderosas razones: a) por primera vez han sido consultados para obras de gran magnitud en la región —cosa que no sucedió con la autopista Calakmul durante el gobierno de Felipe Calderón— como quedó acreditado bajo la óptica de Habitat-ONU que aquí representa Eduardo López; b) esa certeza favorable se desprende del carácter inclusivo del Tren Maya, desde la aportación de tierra como capital en sociedad, creación directa de empleo, innovación en transporte masivo de mercancías y la oportunidad de crear audaces opciones turísticas pos-covid.
El comisario ejidal de Lagunas Zho en Calakmul, Eleazar Dzbi EK, ha sido uno de los voceros de las comunidades que encuentran en el Tren Maya la oportunidad para dejar de ser “indígenas de museo” para ser ciudadanos en pleno uso de sus derechos y capacidades. Por ello también denunció a los 19 integrantes del Consejo Regional Popular Indígena (CRIPX) que representa Elisa Cruz y Romel González junto con la jueza 1° de Campeche, denuncias que también se presentaron ante la CNDH y Conapred.
Comité también denunció al Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que encabeza María Eugenia de la Fuente, por su campaña contra el Tren Maya como una solución contra la pobreza.
Distribuidora Mexicana: recursos y realidad. En los próximos días la SHCP, de Arturo Herrera, entregará el Paquete Económico 2021 a la Cámara de Diputados… y se verá cuántos recursos se le asignarán a la nueva Distribuidora Mexicana de Medicamentos que, con o sin David León, tiene un camino muy cuesta arriba para llegar a 2,500 puntos de servicio en todo el país para abril próximo como lo indica el primer calendario de trabajo que se propuso la UNOPS que lleva aquí Fernando Cotrim. Esa distribuidora (a la que jocosamente le llaman La Conasupo de las Medicinas) inició con el exiguo presupuesto de 50 millones de pesos; sólo para ponerlo en proporción, Segalmex, que lleva Ignacio Ovalle invirtió casi 2 mil millones de pesos en arrendar 800 camiones por 4 años. Vaya, la distribuidora debiese —conforme a su plan— contar en este momento con la definición de requerimientos e identificación de proveedores y estrategia… que implica que el Insabi, de Juan Ferrer, debiese estar por soltarle 6 mil millones de dólares a la UNOPS de Grete Faremo.
GINgroup-LinkedIn. La buena nueva es el acuerdo que firmaron Raúl Beyruti y Ramiro Luz (líder de soluciones de talento de LinkedIn Hispanoamérica) para que junto con GINgroup ampliar los canales digitales para la capacitación y preparación de personas con discapacidad en áreas como desarrollo de software, ventas, gestoría de proyectos, servicio al cliente y marketing entre otros de manera gratuita. Inclusión es la palabra.
