El miércoles pasado arribó al edificio del gobierno de la CDMX el director de Carso Infraestructura, Antonio Gómez García, para reunirse con Claudia Sheinbaum y Jesús Esteva, secretario de obras capitalino, a fin de establecer medidas -y calcular costos- para la reparación integral de la Línea 12 ya que por ahora el primer peritaje de la noruega DNV se concentró en vicios y fallos de construcción “ahogados en concreto” que afloraron tras el desplome.
De manera inicial, aun sin un proyecto ejecutivo el mismo tendrá que elaborar un Comité Técnico de Alto Nivel, la reparación del Tramo Elevado tendría un costo estimado para Carso y la CDMX de unos 2,100 millones de pesos: el resarcimiento de fallas en infraestructura promedia 30% del valor original, que en ese tramo se calcula en casi 8,900 millones de pesos.
Como bien apunta Francisco García Álvarez, integrante del Consejo Consultivo de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, el colapso no atendió a un solo factor. Así, que lo esperado en los próximos peritajes es el énfasis en factores de diseño y sus cambios, calidad de materiales y del proceso constructivo, calidad y honorabilidad de los encargados de supervisión y gerencia, así como un análisis físico-mecánico por el tipo de tren utilizado y provisto por CAF que aquí dirige Max Zurita.
La revisión integral necesariamente daría paso a una auditoría financiera para determinar cómo y en qué se ejecutaron los recursos aplicados desde la secretaría de finanzas capitalina en aquel entonces a cargo de Mario Delgado, ya sea si fueron suficientes, insuficientes o no se aplicaron en los trabajos contratados.
Habrá que sumar al costo la afectación a la movilidad en la ciudad: el Colegio de Ingenieros Civiles de México, que dirige Luis Rojas, afirma no es posible reabrir la Línea 12 dada la falta de certeza sobre su integridad estructural… lo cual obliga que los dos próximos peritajes tengan un mayor alcance.
Farmacéuticas y el Club de los Pibes. Ayer hubo otra reunión entre los representantes de los fabricantes mexicanos de medicamentos y equipo médico con la UNOPS en México -en su gran mayoría de origen argentino- para reanudar un diálogo que la oficina a cargo de Grete Faremo suspendió desde enero pasado. Ahí estuvieron AMELAF, que dirige Juan de Villafranca; CANIFARMA, que dirige Rafael Gual; AMIIF, a cargo de Rodrigo Ruiz; la AMID, que lleva Fernando Oliveros; y ANAFAM, al mando de Dagoberto Cortez. Lo primero que se agradeció por parte de Villafranca fue la reapertura del diálogo, pero destacando que las reglas que aplica UNOPS para compras médicas en un país para México sencillamente no están funcionando. Y ciertamente, esas reglas se aplican a países subsaharianos que carecen de casi cualquier tipo de industria y en especial farmacéuticas. Ésa no es la situación de México, pero el Club de los Pibes, encabezado por Fabrizio Feliciani y Giuseppe Mancinelli, sólo obedecen reglas inflexibles que, por cierto, se aplican por arriba de las leyes nacionales. Los Pibes, nos dicen, se mostraron harto preocupados por el desastre de corto plazo para surtir los pedidos del Insabi, de Juan Ferrer, pero la industria nacional se preocupó también por el horizonte de saludo al 2024 por las deficiencias manifiestas. Quedaron de hacer oootra mesa de diálogo que, ojalá, no termine como tabla de bife de chorizo.
Expediente EMA. La nueva es que la mexicana Qualis Technologies, que dirige Isaac Bissu Bali, lanzó Expediente Médico Avanzado (EMA) para un registro digital del historial médico con actualización y consulta en tiempo real desde cualquier lugar con acceso a Internet, aplicable para tratamiento de padecimientos crónicos, preventivos y diagnóstico. Ante la pandemia, EMA incluye la función de “Triage Respiratorio”, servicio gratuito para los derechohabientes de centros de salud que utilizan esta solución como ya lo hacen diversas instituciones del sector salud a cargo de Francisco Javier Fernández en el Estado de México.
Tequila ARA. Y el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez firmo con el de Enrique Alfaro de Jalisco el convenio para que los fabricantes guanajuatenses de tequila se adscriban al certificado Agave Responsable Ambiental (ARA), libre de deforestación, que alcanza a 4 empresas y sus 122 millones de agaves plantados. El Consejo Regulador del Tequila, encabezado por Miguel Ángel Domínguez, es el garante de ese compromiso ambiental.
