El hecho de que el auditor independiente Salles Sainz Grant Thornton, que dirige Mauricio Brizuela, se abstuviese de emitir su opinión sobre los estados financieros 2020 de Seguridad Alimentaria era ya suficiente alerta para iniciar una cirugía mayor en la entidad, a cargo de Ignacio Ovalle, cuyo ejercicio financiero para ese año requiere aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación el uso y destino de 8,634.9 millones de pesos equivalentes al 30% de los recursos ejercidos en programas para producción de granos básicos, leche y dotar alimentos vitales a la población más vulnerable.
Fue hasta enero de 2022 en que el secretario del ramo, Víctor Villalobos, metió orden en Segalmex al determinar la destitución del director comercial Manuel Lozano, del director de operaciones Bernardo Fernández y Carlos Antonio Dávila, director jurídico de Liconsa. Para enderezar el desastre, Villalobos encargó a Juan Francisco Mora Anaya—actual jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex— conducir temporalmente las áreas comerciales de Liconsa y Diconsa; el área jurídica se le encomendó a Alma Contreras Garibay.
Además de reorganizar Segalmex, el objetivo del titular de Sader es sacudirle los gorgojos y corucos a la entidad, aplicando sanciones contundentes.
Y no es para menos: la ASF detectó en el caso del programa de precios de garantía montos a precisar por 5,640.6 millones de pesos derivados de la falta de registros de beneficiarios en la producción de maíz y frijol, así como una opacidad monumental en el caso de precios de leche; careció de adecuado control sobre las entradas y salidas de granos de los centros de acopio y concentradores, por lo que careció de la certeza sobre la cuantificación física y financiera de los inventarios y mermas, acreditándose sólo 271 actas de inventario de 538 centros logísticos. Se estima que sólo se benefició 4% de la población objetivo de agricultores pero los gastos operativos de Segalmex crecieron 186.4%.
En Diconsa, se deben aclarar 1,413.4 millones de pesos relacionados con la falta de claridad en la compra, almacenamiento y despacho de abarrotes, mercancía por facturar y alimentos podridos. Y en Liconsa el desorden en el padrón de productores de leche, así como en la contratación de servicios de acopio y transporte, obliga se aclaren 1,583.9 millones de pesos.
Y lo que no se aclare deberá ser sancionado.
Vulcan se cuida de Vidanta. Ya es pública la incidencia de Daniel Chávez, de Grupo Vidanta, en la construcción del Tren Maya, por lo que crecen las versiones que lo señalan como autor intelectual de la reconversión de los predios de extracción de piedra caliza de Calica, en Playa del Carmen, en un gran proyecto turístico que conecte con el tren, ahora a cargo de Javier May, y una nueva estación. Que coincidencia que Chávez platicase del asunto en Presidencia, sobre todo considerando que en la zona tienen intereses en el hotel Gran Luxxe y el parque acuático Jungala Luxury Waterpark. Para Vidanta y otros hoteleros como Miguel Quintana Pali, de Xcaret, Punta Venado es un apetitoso bocado si además se considera la cercanía con Cozumel. Por ello la propietaria de Calica, la estadounidense Vulcan Materials, que lidera James Hill, mantiene abiertos los canales de negociación al más alto nivel con el gobierno de México para encontrar una solución legal y sensata que les permita mantener sus inversiones en México y evitarle al gobierno mexicano una demanda de mil millones de dólares. Lo contrario implicaría agravar la ya de por sí afectada relación con Estados Unidos.
