Este fin de semana la comunidad científica y la industria biotecnológica de México recibió, atónita, la declaración del presidente Pedro Castillo de que será Perú donde el Instituto Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversión Directa – a cargo de Alexander Gintsburg y Kirill Dmítriyev, respectivamente- instalarán su fábrica para vacunas Sputnik-V… aunque el acuerdo original fue entre el gobierno de México y el de Vladimir Putin para que dicha planta se ubique aquí, tentativamente en el estado de Hidalgo.
La pugna entre México y Perú tiene un carácter estratégico global del que no se puede sustraer ninguno de los dos gobiernos, pese a compartir la misma ideología: a) sería la primera planta de vacunas AntiCovid-19 fuera de países avanzados; b) sería la primera de su tipo en América Latina, proveniente de Rusia y rompiendo con la estructura de diversificación desarrollada por gigantes como Pfizer que lidera Albert Bourla, AstraZeneca de Pascal Soriot, o Johnson&Johnson al mando de Alex Gorsky; c) le permitiría a la región del mundo más afectada por la pandemia obtener un suministro continuo de un biológico de efectividad comprobada.
El asunto tiene un viso notablemente geoestratégico en la que nuestro país puede engancharse a la nueva revolución industrial o anclarse en el siglo XX. Vaya, hay que recordar que el primer acuerdo para traer Sputnik a México lo armó la empresa LandSteiner que preside Miguel Granados, en julio de 2020 y que incluía transferencia tecnológica.
Ese acuerdo fue boicoteado por el subsecretario Hugo López-Gatell, quien habló pestes de la vacuna rusa. Tuvieron que llegar los testimonios del canciller Marcelo Ebrard para que Andrés Manuel López Obrador diera un manotazo de mesa y, a partir de ahí, acordar con el gobierno ruso los envíos 22 millones de dosis y un acuerdo de fabricación.
Ello hace aún más relevante la Aceleradora de Negocios Biotecnológicos acordado entre la UNAM que preside Enrique Graue y el estado de Hidalgo que conduce Omar Fayad, en la cual se pretende desarrollar 16 nuevos tipos de vacunas contra enfermedades emergentes y reemergentes como es el Covid-19 e infecciones alimenticias. La aceleradora ya se desarrolla dentro del ya consolidado ecosistema de tecnología e innovación del Distrito Educación, Salud y Ciencia de Hidalgo.
Le corresponde al Estado mexicano, a través de Birmex que lleva Pedro Zenteno, dar el paso hacia la más importante soberanía de una nación: la salud sustentable.
Ya le contaré.
Resucita affaire “tabletas truculentas”. Tarde pero sin sueño: cinco años después la Auditoría Superior de la Federación que ahora conduce David Colmenares concluyó la auditoría 2016-5-10E00-23-001-DN-2019/DN19001 que solicitó realizar Juan Carlos Pérez Góngora (cuando entonces también competía por encabezar la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio y Servicios Turísticos). Y el resultado es que se utilizó de manera ilegal, opaca y sin cumplimiento de las reglas de operación los 294 millones de pesos asignados por la Secretaría de Economía —a través del Instituto Nacional del Emprendedor entonces a cargo de Enrique Jacob— a la Concanaco 154 proyectos, entre ellos la compra de tabletas electrónicas que serían entregadas a los agremiados en la organización en aquel entonces encabezada por Enrique Solana. La ASF analizó proyectos con valor de 98.4 millones de pesos y detectó que lo más fresa fue el uso de 70 millones de pesos sin autorización del entonces secretario Ildefonso Guajardo, amén de serias irregularidades en los proveedores de las dichosas tabletas. El asunto se pondrá, otra vez, calientito.
Choritren y puente atirantado.
Para ser una obra prioritaria la SHCP propuso cacahuetes para terminar el Tren México-Toluca: sólo 7 mil millones de pesos para 2022 cuando se estima se requieren cerca de 18 mil millones para quedar totalmente operativo. Vaya, sólo para el Puente Atirantado Manantial (en la zona de barrancas de Tacubaya) costará entre 900 y mil millones de pesos, según confirmó la presentación de 7 ofertas viables el pasado viernes para ejecutar la obra. La SCT de Jorge Arganis dará su fallo el 30 de septiembre próximo para elegir entre las ofertas más competitivas entre las que destacan la del consorcio formado por Jaguar Ingenieros de Moisés Zecua, la de CAABSA de Luis y Mauricio Amodio y la de GAMI que lidera Manuel Muñozcano. Y aunque en ese rango de precio anda ICA, de David Martínez, la falta de pago a ex proveedores la puede dejar fuera de la batalla.
